Contralor cuestiona a la Corte y le lanza dardos a diputados de Vamos

El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, cuestionó públicamente el manejo del caso del exdiputado Héctor Brands, investigado por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, y señaló directamente a la Corte Suprema de Justicia por la falta de acción cuando el exfuncionario aún ejercía el cargo.

“Esa investigación viene desde creo que el 2020, eso le correspondía a la Corte comenzar a investigar este enriquecimiento”, afirmó Flores, al recordar que los hechos se dieron cuando Brands todavía era diputado, por lo que el caso estaba bajo la jurisdicción del Órgano Judicial.

El contralor indicó que este tipo de situaciones evidencian debilidades institucionales en el seguimiento oportuno de posibles delitos cometidos por altos funcionarios del Estado.

Diputados piden prórroga para rendir cuentas

En el mismo balance, Flores reveló que varios diputados no han cumplido con la rendición de cuentas de sus fondos, y que algunos incluso han solicitado prórrogas para presentar informes de hasta un año y medio de retraso.

“La mayoría son de la coalición Vamos, que no han cumplido con la rendición de cuentas; solamente cuatro partidos han cumplido”, sostuvo el contralor.

Entre los políticos que han pedido extensión de tiempo para presentar sus informes mencionó a Ricardo Lombana, Betserai Richards y Alexandra Brenes, entre otros.

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Flores adelantó que, además de auditar los fondos transferidos a municipios, también se realizarán auditorías a los fondos postelectorales de partidos y figuras políticas.

“La plata del panameño es sagrada, vamos a ver qué fue lo que hicieron”, enfatizó.

Auditorías y uso de fondos públicos

El contralor informó que se han realizado más de 700 auditorías a nivel nacional. Aunque no todas derivan en procesos penales, aseguró que las investigaciones continúan.

“En conjunto con el Ministerio Público se van a dar esos pasos que yo creo que todo el mundo quiere ver: gente que no hizo las cosas bien, que paguen sus consecuencias por haber abusado del erario público”, afirmó.

Flores explicó que se priorizan los casos donde están involucrados funcionarios de alto perfil, ya que “es donde están los daños mayores al país”.

Rechazo a donativos y gastos festivos

Flores reiteró su desacuerdo con el uso de recursos públicos en donativos, fiestas patronales y patrocinios, y confirmó que junto al Ministerio de Economía y Finanzas se prohibió el patrocinio estatal del desfile de las Mil Polleras.

“Nosotros, el Estado, ya no vamos a gastar un centavo más en mandar delegaciones, porque no creemos en eso, el país no está para eso”, subrayó.

También cuestionó la solicitud de bonos navideños, al considerar que el décimo tercer mes ya se paga de forma completa.

“Ese décimo tercer mes hoy día es completo, entonces la gente sigue pidiendo bono, pero entonces ya es un doble bono”, dijo.

Crecimiento económico y deuda

Según Flores, Panamá registra un crecimiento económico de 4.32%, con un Producto Interno Bruto superior a los 83 mil millones de dólares.

“Si hacemos sumas, El Salvador, Nicaragua y Honduras juntos no llenan el PIB de Panamá, o sea que somos la envidia de la región”, afirmó.

No obstante, advirtió que uno de los mayores problemas sigue siendo el servicio de la deuda, que supera los 4 mil millones de dólares.

“Es un costo agobiante y estamos buscando estrategias para disminuirlo”, indicó.

Asamblea bajo la lupa

Sobre la Asamblea Nacional, Flores reiteró su propuesta de eliminar el mecanismo conocido como 20-20, que permite a cada diputado manejar hasta 20 mil dólares mensuales en nombramientos.

“Actualmente hay 1,011 personas nombradas bajo esta figura, lo que representa cerca de dos millones de dólares mensuales”, detalló.

Añadió que la Asamblea mantiene más de 3 mil funcionarios, algunos despachos con más de 300 colaboradores, y confirmó que ya se trabaja en una reducción progresiva.

“En la Asamblea hay de todo, creo que hasta astronautas hay allí, entonces ¿por qué los nuevos diputados tienen 20-20?”, cuestionó.

Finalmente, recalcó que se acabaron las irregularidades en la asistencia.

“El que no marca, no cobra”, sentenció, al recordar que el gasto mensual de la planilla ronda los 7.1 millones de dólares y debería reducirse a unos 5 millones.