Dirigencia reclama que Varela abandone práctica de espionaje

La cabeza de la dirigencia social del país reclamó de la administración de Juan Carlos Varela la suspensión de la práctica de seguimiento y espionaje que ha montado en su contra a través del Consejo de Seguridad -una oficina adscrita al Palacio de Las Garzas a cargo del militar Roberto López. Gabriel Castillo, líder de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) dijo que Varela adopta el mismo vicio que tanto criticó de las pasadas administraciones de abrirle expedientes a los principales dirigentes sindicales. "Es una grave violación a las garantías constitucionales; una nefasta práctica ilegal que viola derechos fundamentales que tiene que erradicarse". Castillo, quien enfrentó en las calles las reformas laborales empujadas en la administración de Ernesto Pérez Balladares y Balbina Herrera en la presidencia de la Asamblea, dijo que las organizaciones sociales siempre han denunciado esa política de diferentes gobiernos. Su tocayo y colega, Gabriel Pascual, máximo dirigente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, dijo que se supone que la administración de Varela es un gobierno democrático, y resulta un mal mensaje que se dedique a espiar a los activistas sociales. "No hay razón ni justificación para ello", dijo. "No nos vamos a dejar a amedrentar; por el contrario, nos da más ímpetu para seguir luchando... para que la riqueza sea mejor distribuida y haya respeto absoluto a los derechos humanos", replicó Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep). La administración Varela debe entender perfectamente, dijo Berrocal, que en Panamá se vive en democracia y la comunidad puede reclamar su derecho a vivir con dignidad. Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) fue más conservador en sus declaraciones, y dijo que aunque no tiene certeza que esa práctica se desarrolle, la solo denuncia representa una alarma. Sería muy grave si el gobierno mantiene ese comportamiento, dijo. Maribel Gordón, quien fue candidata a la vicepresidencia en los pasados comicios generales en representación del Frente Amplio por la Democracia (FAD), dijo que la actitud que asume la seguridad del Estado frente a la dirigencia social debe observarse como una abierta violación a los derechos de las organizaciones. "Hay que denunciarlo como una práctica de persecución y represión", dijo.