Emeldo negoció acuerdos con abogado que debía estar preso
Emeldo negoció acuerdos con abogado que debía estar preso
Emeldo negoció acuerdos con abogado que debía estar preso
Por: Redacción / Crítica Impreso -
El fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, ha insertado ilegalmente por lo menos dos acuerdos de colaboración y de testigo protegido en el caso New Business, permitiendo la participación de un abogado que mantenía vigente hasta esa fecha una condena de inhabilitación de funciones por 5 años.
La escandaloso situación involucra al abogado Ricardo Gómez Flores, quien en abril de 2017 fue condenado a 75 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por 5 años por el Juzgado Segundo Penal de Panamá y la pena se extinguía el 7 de septiembre de 2022, según destaca una certificación de la Dirección de Investigación Judicial.
Fuentes legales afirman que sobre Gómez también pesa otra condena que ratifica su impedimento para negociar acuerdos con el Ministerio Público.
Gómez es el brazo derecho de la estructura creada por William Moore que penetró el Ministerio Público y extorsionó bajo amenazas a ochos de los imputados en el caso New Business. La jugada incluía fuertes pagos de dineros a cambio de excluirlos como imputados en la investigación bajo la figura de acuerdos de colaboración o como testigos en el caso Riccardo Francolini y Henri Mizrachi.
Durante las negociaciones, Gómez fue la conexión directa con el fiscal suplente Gilberto Arona y desde donde se dio pie a los acuerdos. Por esos acuerdos, los imputados debieron soltar cerca de $4 millones.
En el proceso, Moore y Gómez se repartieron la representación de los testigos. Fue así que Gómez firmó al menos tres de los acuerdos, el de Mike Btesh como colaborador y el de Henri Mizrachi y Riccardo Francolini como testigos protegidos.
El abogado Ronier Ortíz señaló que estos acuerdos donde está probada la participación del abogado Ricardo Gómez, son causales suficientes para decretar la anulación del expediente y del juicio del caso New Business.
Sin embargo, Ortíz destacó que el caso está siendo manejado políticamente por parte de la fiscalía y en contubernio con la juez Baloisa Marquínez, por lo que no aceptarán estos elementos, aunque sean pruebas contundentes para decretar automáticamente la nulidad del juicio.
