Juez de Paz aclara situación sobre restaurantes

Juez de Paz aclara situación sobre restaurantes

Juez de Paz aclara situación sobre restaurantes

Por: Redacción / Crítica Impreso -

El juez de paz del corregimiento de San Francisco, Uriel E. Rangel, remitió una réplica sobre una nota publicada el 24 de septiembre relativa a un conflicto entre propietarios del edificio PH Toc y dueños de restaurantes.

La nota reporta que los abogados de los restaurantes afectados anunciaron que procederán legalmente contra el juez de paz de San Francisco que desde hace 15 días se ha negado a atender sus recursos legales, manteniendo en incertidumbre una inversión $3 millones que está sobre una concesión de 700 metros cuadrados de uso fondo de mar dada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hasta el año 2027.

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Rangel expresa lo siguiente: "esto no es un hecho sino una apreciación falsa, desafiante y temeraria, el día 15 de septiembre 2020, el despacho recibió denuncia por Alteración del orden público; posteriormente el 16 del mismo mes y año se recibieron (2) demandas de controversias civiles para la remoción de una cerca de ciclón y malla, por supuestos asuntos relaciones a servidumbres. Desde el día en que se recibieron los escritos han transcurrido 3 y 4 días laborables de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del Corregimiento de San Francisco. Ahora bien, es imperativo señalar que mediante el Decreto Alcaldicio No 28-2020 de 30 de marzo de 2020, se estableció un horario especial de la Jornada de trabajo a las Casa Comunitarias de Justicia de Paz del Distrito de Panamá, por motivo de la Declaratoria de Emergencia Nacional y del establecimiento del toque de queda, razón por la cual La Casa de Justicia Comunitaria de Paz del Corregimiento de San Francisco labora turnos especiales de cuatro (4) días, en jornadas alternas de 6:00 a.m. a 12:00 pm y de 12:00 pm a 6:00 pm., para garantizar el servicio de justicia comunitaria de forma gratuita e ininterrumpida de acuerdo con lo que establece la Ley.

Al señalar el empresario lo siguiente “falta de atención que han tenido con el juez de paz Uriel Rangel que no ha tenido la voluntad de revisar este caso donde arbitrariamente se les ha bloqueado el acceso a los restaurantes, los cuales a través Newland International tiene un contrato de servidumbre que le da acceso a la concesión de fondo de mar donde están ubicados”. Es falso, El Principio de obligatoriedad del procedimiento, significa que es la ley procesal quien determina expresamente cuál es y cómo se desarrolla el procedimiento, de suerte que ni el juez ni las partes pueden modificarlo, salvo que una norma expresa lo autorice. Al respeto, Valga decir que el artículo 33, Capítulo VI, “Procedimiento ante los Jueces de Paz “contenido en la Ley 16 del 17 de junio de 2016, establece que “…Cuando el proceso se inicie a petición de una de las partes, el Juez de Paz invitará a la contraparte al proceso, en caso de renuencia, se le citará para lo cual el Juez de Paz podrá solicitar la colaboración de un agente de policía…”

Los abogados de los restaurantes informaron ayer que interpondrán varios recursos contra el juez de paz Rangel, entre ellos una denuncia ante el Procurador de la Administración por resistirse, desde hace 10 días, a atender un caso que requiere de urgencia para evitar que más de 100 trabajadores queden sin trabajo a partir del lunes. Esta noticia es completamente falsa, el despacho solo tiene cuatro (4) días laborables desde que se recibieron las denuncias, mismas que son tramitadas bajo las reglas del debido proceso que, (implica el respeto al Principio del Contradictorio).

El empresario resaltó que el bloqueo con un cerca de alambre a estos dos restaurantes es un duro golpe al turismo nacional que busca recuperarse del golpe de la pandemia. Dijo que por ejemplo Vespa Vistamar ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes en el mundo por TripAdvisor y su programa de puntaje Travellers Choice.

PH TOC emitió un comunicado donde hace referencia a que enfrenta una morosidad en cuotas de mantenimiento por 1.2 millones de dólares, siendo 318 mil dólares correspondientes a Newland International. Por ello, afirma la sociedad que procedió a bloquear con una cerca el acceso a la concesión llamada Ocean Deck".

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