Lo que el pueblo debe saber del fallo que tumbó a Panama Ports
La Corte Suprema de Justicia anuló el contrato de Panama Ports por favorecer a la empresa sobre el Estado. Aquí te explicamos, sin enredos legales, qué pasó y por qué afecta a todos los panameños.
La Corte Suprema anuló el contrato de Panama Ports. /Foto: Archivo
Por: Redacción Crítica -
El Estado entregó demasiado y recibió muy poco
Según la Corte, el contrato permitió que Panama Ports usara terrenos y áreas portuarias clave sin pagar lo que correspondía y sin competir con nadie más.
Mientras el negocio crecía y generaba millones, el Estado panameño no recibió beneficios proporcionales. Para el tribunal, eso rompió el equilibrio y afectó directamente el patrimonio público.
Se cerró la puerta a mejores ofertas
La Corte advirtió que el contrato impidió que otras empresas pudieran competir por la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
En la práctica, esto significó menos opciones, menos ingresos y menos oportunidades para el país, algo que viola la igualdad y la libre competencia que exige la Constitución.
El Estado perdió control sobre sus propios bienes
Uno de los puntos más graves del fallo es que el Estado no podía decidir libremente sobre terrenos que le pertenecen.
Para usar o concesionar áreas futuras, necesitaba el permiso de la propia empresa privada. La Corte fue clara: eso no es legal y representa una renuncia indebida al poder soberano del Estado.
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La prórroga hasta 2047 fue ilegal
En 2021 se extendió el contrato por 25 años más, hasta 2047. La Corte determinó que esa prórroga fue inconstitucional, porque:
- No se renegociaron las condiciones.
- No hubo una nueva ley que la aprobara.
- No contó con el aval de la Contraloría General.
En otras palabras, no se cumplieron las reglas básicas que protegen los intereses de todos los panameños.
¿Por qué este fallo es histórico?
Porque la Corte Suprema de Justicia dejó un mensaje claro:
los bienes públicos no se pueden regalar, ni los contratos del Estado pueden ponerse por encima del interés social.
El fallo marca un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las concesiones y recuerda que el Estado debe defender lo que es de todos.
