Mulino dice que no hay apuro para aprobar nueva ley educativa
Mulino afirmó que la actual Ley Orgánica de Educación es obsoleta y que la nueva normativa debe adaptarse al país y a la era digital.
Actuamente, hay dos iniciativas en marcha.
Por: Redacción Crítica -
El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que no existe urgencia para aprobar una nueva ley educativa, y adelantó que el proceso se desarrollará mediante una consulta amplia con distintos sectores del país.
Durante su conferencia semanal, el mandatario señaló que, tal como ocurrió con la discusión de la Ley de la Caja de Seguro Social, se abrirán espacios para escuchar opiniones técnicas y aportes ciudadanos.
“Yo no tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma. Quiero que sea una ley comentada y consultada, y que, así como se aprobó la ley de la Caja de Seguro Social, vaya todo el que quiera hablar a la Asamblea cuando se abra la discusión”, expresó Mulino.
Discusión más amplia sobre la reforma educativa
El gobernante enfatizó que, aunque ya existen mesas de trabajo que aportan al proyecto, es necesario ampliar la discusión para lograr una normativa acorde con las necesidades del país.
“Pero no puede ser que desde la Presidencia de don Enrique Jiménez a la fecha exista la misma Ley Orgánica de Educación; eso no embona en el país de la inteligencia artificial”, añadió.
Objetivo: reducir brechas y modernizar la educación
Mulino indicó que la futura legislación busca reducir las brechas en el acceso al conocimiento y fortalecer el sistema educativo nacional, especialmente en materia tecnológica.
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Asimismo, subrayó que la discusión debe construirse con aportes técnicos y sociales, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el futuro educativo.
“Debemos trabajar por la disminución de las brechas educativas y para que la educación pública se equipare a la privada en el acceso a nuevas tecnologías y herramientas, que son el futuro”, sostuvo.
Dos iniciativas en paralelo
Actualmente existen dos propuestas de reforma educativa: una presentada por el Órgano Ejecutivo y otra impulsada desde la Asamblea Nacional, lo que anticipa un proceso de debate amplio antes de la aprobación final.
