Protestas contra minería se trasladan a la Corte Suprema

Grupos de la sociedad civil se manifestaron ayer en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedirle a este órgano del Estado que declare inconstitucional el contrato con Minera Panamá.

La directora Ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, Lilian González, también solicitó a la CSJ considere una queja por desacato en contra del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Comercio, Federico Alfaro, el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional al considerar que se encuentran en desacato por no acatar el fallo de inconstitucionalidad de 2017.

Según González, se han inventado excusas para no dar cumplimiento a este fallo.

“Esto nos ha llevado a la situación en la que estamos con la Ley 406, que lo que hace es que reproduce el contenido y el objeto de la Ley 9 de 1997 que fue declarada inconstitucional”, agregó.

Reiteró la petición a la CSJ para que evalúe y analice la situación, y que haga respetar sus decisiones, porque no puede ser que la Corte se tarde 10 años en sacar un fallo y después los demás órganos del Estado “se limpien el sudor con él”.

Más temprano comunidades campesinas de Donoso y Omar Torrijos acudieron a la Corte para que se declare en sesión permanente y maximicen los tiempos judiciales.

El abogado Tristán Santander dijo que al declararse en sesión permanente se tendrá un tiempo eficiente para poder examinar y resolver el conflicto.

El presidente Laurentino Cortizo ha nombrado a seis magistrados de la Corte, entre ellos, la presidenta María Eugenia López, quien es sustanciadora en las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas y otra por un colectivo de juristas.

La presidenta de la Corte está emparentada con un alto cargo de Morgan y Morgan, firma que ha representado a Minera Panamá por más de 25 años, al igual que a la transnacional canadiense First Quantum Minerals Ltd. Este mismo bufete fungió como apoderado judicial de la minera en la anterior demanda de inconstitucionalidad que fue fallada en diciembre del 2017 por el magistrado Jerónimo Mejía.