Si algo le pasa a Mulino, culpo al Gobierno
"Pensamos poner un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", apuntó Maricel Cohen, esposa del exministro Mulino.
Los familiares del exministro José Raúl Mulino y del exjefe del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz denunciaron las "violaciones de derechos humanos" que sufren sus parientes y dijeron que se plantean acudir a los organismos internacionales.
"Pensamos poner un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", apuntó Maricel Cohen, esposa del exministro Mulino.
Según Cohen, el Ministerio Público de Panamá ordenó la detención preventiva de Mulino, a pesar de que "no existía riesgo de fuga" y de que las acusaciones que pesan sobre su marido "se basan en recortes de periódicos".
La Fiscalía panameña tampoco tuvo en cuenta, agregó, que está "gravemente enfermo de embolia pulmonar" y que necesita un tratamiento médico especial.
"Si a mi esposo le pasa algo debido a su enfermedad, la señora fiscal, la señora procuradora y toda la parte del Gobierno que mira de un lado y se pone sordo, van a ser responsables", declaró Cohen durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Trascendió también que un oficial destituido por Mulino le mandó una nota amenazante al exministro.
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Por su lado, May de Garuz, cuñada del exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, en la cárcel desde noviembre de 2014 por el caso de las escuchas ilegales, dijo que la acusación que pesa sobre él "no implica detención preventiva" y que este sufre también "graves" problemas de salud.
Las dos mujeres forman parte de SOS Panamá, un movimiento creado recientemente por la esposa de Martinelli, Marta Linares, que tiene como objetivo denunciar la "persecución política" que, en su opinión, sufren los altos cargos de la pasada administración.
Sin embargo, según admitieron en la rueda de prensa, las familias de otros detenidos rehusaron comparecer ante los medios por miedo a sufrir "represalias" o a perjudicar los procesos judiciales de sus parientes.
"Es una venganza política", argumentó la mujer de Mulino, que intentó comparar la detención de su marido con la situación política que sufre Venezuela.
Contradicciones
Maricel Cohen de Mulino resaltó una serie de contradicciones. El ministro Rodolfo Aguilera aseveró que en el Senan nadie sabe nada de radares, pero la Fiscalía Tercera Anticorrupción apoyó sus descargos en los funcionarios Carlos Terrientes Guzmán, Edberg Eliécer Rodríguez Jaramillo y Joe Laniado Morales, que no dicen categóricamente que los radares no sirven, pero tampoco dicen lo contrario. Aseguran que no fueron tomados en cuenta para el proceso de instalación de los equipos, pero admiten que participaron de giras internacionales, y el propio "Rodríguez declaró que fue capacitado por Selex para el uso de los radares". ¿En qué quedamos?"
Las declaraciones de los tres funcionarios son utilizadas para demostrar la supuesta omisión de Senan en el proceso de instalación de los radares, a la vez que los propios testigos admiten que recibieron entrenamiento para tal fin. ¿No incurre la Fiscalía en un contrasentido?
Esos miembros del Senan aseveran que: "los radares se utilizaron por un año, pero nunca se incautó de ninguna lancha de narcotraficantes con el sistema"; las pruebas (…) dieron como resultado un alcance promedio que estaba lejos de cumplir con las especificaciones del contrato. ¿Por qué no se capturó una sola lancha? ¿Por qué se estaba lejos de cumplir con las especificaciones del contrato?, resaltó la esposa del exministro.
Lo que ninguna de esas declaraciones dice es que los radares forman parte de un sistema conformado por 18 unidades y un mapa digital que se complementan con las acciones de lanchas patrulleras, helicópteros y patrullas, y que la evaluación de dichos aparatos es imposible al margen de esas condiciones, expresó Maricel Cohen de Mulino.
Los tres testigos que presenta la fiscal Zuleika Moore revelan problemas técnicos y de garantía en el funcionamiento de los aparatos, para lo cual los contratos incluyen una cláusula de garantía, que vincula los pagos al cumplimiento de la misma. Es decir, si no estás al día en los pagos, la garantía no se aplica. Por lo que Mulino no incurrió en delito alguno al autorizar el pago, pero lo más irónico del tema es que llegado al cargo, el propio ministro Aguilera también autorizó los pagos, pero en ese caso la fiscal no señala ni peculado ni incumplimiento con el deber del titular.
¿Dónde está el peculado?
¿Por qué es válida la acusación para uno y para otro no? Por lo demás, la fiscal no ha acreditado el cargo de peculado que le acredita a Mulino: ¿dónde están las cuentas bancarias, dónde están las propiedades o dónde están las inversiones? La fiscal le debe esa explicación a la opinión pública y, sobre todo, al imputado, alega la señora del exjefe de la cartera de Seguridad.
Un extraño manejo de la información parece buscar intencionalmente situar a Mulino como culpable de un delito que no se ha probado; como responsable de contratos que Mulino no negoció, y que firmó por autorización de gabinete. Es claro que algo falta en el proceso, y que como está formulado, el Ministerio Público necesita de la manipulación informativa para seguir adelante.
Senan: penetrada
El Servicio Aeronaval surgió de la fusión del Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo, que estaban inmersos en una grave crisis. Durante el gobierno del mandatario Martín Torrijos, el jefe de la rama marina fue detenido tras el escándalo de la presunta desaparición de 1,000 kilos de cocaína y toneladas de chatarra del barco Perseus.
Luego en el mismo gobierno de Torrijos, unas 11 personas, entre ellas el general chileno director de carabineros, José Alejandro Bernales, murieron al desplomarse el helicóptero SAN-100 sobre un almacén de Calidonia. Durante la gestión de Mulino, se dotó al Senan de patrulleras, helicópteros y otros equipos.
Movilización
Para lograr la liberación de los presos políticos, como José Raúl Mulino, se está preparando una movilización nacional en todas las provincias, piqueteos durante los sorteos de la Lotería y enviar copia de la indagatoria a la Secretaría de Estado del Vaticano.
