Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

El aumento sostenido de los homicidios en Panamá en los últimos cinco años no es un fenómeno aleatorio, sino la consecuencia directa de la expansión territorial del crimen organizado. Así lo asegura el abogado penalista y criminólogo Vidal Antonio Pérez Escobar, quien destaca la creación de tribunales especializados como un parche necesario, pero insuficiente, ante una justicia que padece de falencias tecnológicas crónicas y que, en muchos casos, termina condenando a los más pobres.

"El número de homicidios ha aumentado en estos últimos 5 años principalmente por el tema del crimen organizado, el pandillerismo, el tráfico de drogas y de armas, así como también por terrorismo y trata de blancas", sentencia Pérez Escobar, quien, además, señala que la violencia ya no es exclusiva de puntos calientes de los distritos de Panamá y San Miguelito, sino que se ha trasladado a provincias como: Colón, Chiriquí, Veraguas y la región de Azuero.

Las estadísticas del Ministerio Público son contundentes.

A excepción de 2022, que registró una disminución (499 casos), la cantidad de homicidios ha mostrado una preocupante tendencia al alza.

En tanto, si solo se comparan las cifras de enero a julio de 2020 a 2025, la tendencia de homicidios registrados en ese período no es consistentemente progresiva, mostrando altibajos más marcados.

La impunidad: la regla más que la excepción

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La impunidad, según el experto, es el mayor combustible. "Yo más bien pienso que una gran cantidad de delitos de homicidio están quedando en impunidad, porque realmente el Ministerio Público no logra captar los elementos vinculantes o probatorios contra la persona que comete el acto". Consultado el Ministerio Púbico sobre el tema, no hubo respuesta.

El principal obstáculo, a su juicio, es la falta de inversión del Estado en herramientas científicas. "El Estado panameño no ha invertido, como en otros países, en mejorar la tecnología y las herramientas científicas que requiere todo ente investigador para poder contrarrestar de manera fehaciente los casos, más que todo de homicidio", subraya.

Resaltó que el presupuesto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es "sumamente bajo" (B/.76.6 millones), a la vez que abogó por la implementación de un Banco de Datos de ADN similar al de países como Estados Unidos, una iniciativa de la que él mismo fue proponente.

Al ser cuestionado si el sistema judicial panameño garantiza una justicia pronta y efectiva en casos de homicidio, dijo contundentemente: "el sistema judicial panameño hace su mayor esfuerzo con respecto a eso, pero eso va a depender de que existan los elementos necesarios para poder llevar los casos".

Las condenas por homicidio van de 1 a 50 años, según el caso

El Código Penal panameño (artículos 131 al 135) establece claras diferencias en las penas. Pérez Escobar las explica: por homicidio simple, por ejemplo, en una riña donde uno apuñala al otro y muere, la pena va de 10 a 20 años; por homicidio agravado, es decir, con alevosía, sicariato, para facilitar otro delito, esta puede llegar hasta 30 años, mientras que, si se trata de un femicidio, entonces subiría hasta 35 años.

Por otro lado, cuando se trata de un homicidio culposo (por negligencia, como en accidentes de tránsito), la pena va de 1 a 4 años, la cual puede subir a 6 si hay agravantes como conducir en estado etílico.

El abogado destaca que las penas son acumulables. "Si usted cometió el homicidio realizando un robo agravado, la pena puede llegar entonces a 40 o 50 años, que es la pena máxima que permite nuestro sistema penal", porque "en Panamá no hay cadena perpetua".

Como criminólogo, el especialista considera que hay que mejorar el enfoque, "hacer un trabajo mucho más profundo" más que pensar en aumentar las penas, porque "de qué nos sirve agarrar a una persona y posiblemente meterla 50 años en la cárcel si no hacemos nada por reformarla, sin darle la oportunidad de capacitarse en algún oficio para que cuando salga no vuelva a delinquir".

Los menores de edad: ¿conscientes de sus actos?

Sobre la responsabilidad de los adolescentes, rige la Ley 40 de 1999 que establece penas máximas que oscilan entre 12 y 15 años, incluso por múltiples homicidios. Pérez Escobar asegura: "la idea de que un menor no es consciente de sus actos es mentira. Ya los menores de ahora no son así... piensan que la vida es un juego de computadora, 'Game over'", tanto así que creen que "si se agarran a tiros con otra persona y matan a una, se acabó el juego y si lo matan, ellos piensan que van a renacer otra vez".

La justicia no es para todos

Desde el punto de vista del letrado, "La justicia no se hizo para los pobres. Las cárceles están llenas de pobres, porque no pueden pagar una defensa privada, porque les cuesta demasiado dinero".

Recordó un caso emblemático: un padre y un hijo fueron condenados a 30 años de prisión por un caso que él vio como legítima defensa, pero que, por no poder costear sus honorarios, terminaron con un abogado novato que "ni abrió la boca durante el juicio. Hizo una defensa totalmente ineficaz".

La conclusión del experto es clara: el anhelo ciudadano no son necesariamente penas más duras, sino "la certeza de que se está castigando a la persona que comete el delito. Los panameños, más que condena lo que quieren, es que las personas que cometen delitos sean condenadas con certeza".