Imputan cargo por tráfico de influencias a funcionarios de Anati
La jueza de garantías les declaró legal la aprehensión a los tres sospechosos y tras dar por presentada la formulación de la imputación, decidió aplicarle a todos la medida cautelarde reporte periódico dos veces al mes.
Panamá- Cargo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Administración Tierras (Anati), le imputó este martes una jueza de garantías a dos funcionarios de institución y a un particular.
Durante la audiencia, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, les declaró legal la aprehensión a los tres sospechosos y tras dar por presentada la formulación de la imputación, decidió aplicarle a todos la medida cautelarde reporte periódico dos veces al mes, prohibición de salida del país y la prohibición de acercarse a la víctima, a pesar de que la fiscalía había solicitado la detención provisional.
Según explicó el Órgano Judicial, la jueza decidió aplicar la medida de reporte los 15 y 30 de cada mes, tras considerarla necesaria y proporcional a la naturaleza y gravedad del hecho; aunado a que los imputados no registran antecedentes penales y por sentido humanitario, ya que mantienen condiciones médicas de salud.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Olmedo Gómez, explicó que entre los imputados figura un servidor público que tenía la calidad de director, dentro de la Anati, a quien el cargo se le imputó en calidad de autor, así como también un subalterno y un particular, a quienes se les vinculó como cómplices primarios.
"El director de la Anati, utilizó a un servidor público de la entidad y a un particular para recibir dinero, a través de ellos, que luego eran depositados a su cuenta para agilizar trámites en el Departamento de Mesura", resaltó.
Detalló que dentro de la Anati existe el Departamento de Mesura, el cual se encarga de emitir los planos y realizar inspecciones, el cual tiene la capacidad de agilizar estos trámites, "siempre y cuando exista un requerimiento de un departamento superior", y es precisamente por el ejercicio de esa acción, de forma antijurídica, que se les imputaron cargos a los sospechosos.
"Al recibir un beneficio, este funcionario, para ejercer esa influencia, para lograr ese resultado, fue por lo que la Fiscalía les imputó cargos", al director, a un subalterno y a un particular relacionados con el litigio de unos terrenos ubidos en Pacora, lo cual figura en la investigación.
Esta causa penal tuvo su inicio el 14 de febrero del año 2022, cuando el Ministerio Público inició una investigación por supuestas irregularidades en la legalización de tierras. Los sospechosos fueron aprehendidos el 27 de marzo de 2023.