Cámara Marítima pide a mina y Gobierno que concreten un acuerdo

La paralización de la mina de Cobre, desde ayer, también le preocupa a la CMP, ya esta afecta a más de 900 empresas proveedoras de servicios, entre las cuales se encuentran muchas que pertenecen al sector marítimo y al portuario.
Vista general del puerto Punta Rincón, en MInera Panamá. Foto: MPSA

Vista general del puerto Punta Rincón, en MInera Panamá. Foto: MPSA

Por: Redacción / Web -

Panamá- La Cámara Marítima de Panamá (CMP), hizo este viernes un llamado a First Quantum Minerals Ltd.- Minera Panamá (MPSA) y al Gobierno Nacional para que concreten, lo antes posible, la firma de un acuerdo viable para ambas partes, para que la mina vuelva a operar.

La paralización de la mina de Cobre, desde ayer, también le preocupa a la CMP, ya esta afecta a más de 900 empresas proveedoras de servicios, entre las cuales se encuentran muchas que pertenecen al sector marítimo y al portuario.

Este gremio defiende el diálogo como medio para conciliar posiciones, por lo cual le están solicitando a la empresa y al Gobierno "deponer actitudes y procurar un espacio que permita suscribir un contrato que favorezca tanto al inversionista extranjero, como a la República de Panamá".

Según asegura la CMP, la reactivación de las operaciones de Minera Panamá, no solo garantiza miles de puestos de trabajo de mano de obra panameña, sino también un rendimiento económico para el erario nacional que se traducirá en mejoramiento de las condiciones de vida del país.

Ayer, jueves, previo aviso, MPSA dejó de procesar cobre, debido a que no puede embarcar la carga por orden del Gobierno, y anunció que "desmovilizará parcialmente más de 8.000 empleados y contratistas".

La compañía canadiense adoptó la medida, debido a que desde el 6 de febrero no le es permitida la exportación de cobre en el puerto Punta Rincón, por orden de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que reclama una adecuada calibración de las básculas.

En tanto, el Gobierno acusó a la minera de mantener “tácticas dilatorias” en el proceso de firma de un nuevo contrato que garantiza un aporte anual mínimo al Estado de $375 millones.

El Gobierno y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que, sin embargo, no ha llegado a materializarse con una firma, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el cierre de las operaciones de la mina en diciembre pasado, una medida que ha sido objetada por la empresa ante las autoridades correspondientes.

El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, "10 veces más" de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.

Un grupo de colaboradores y proveedores de la mina marchó pacíficamente, ayer jueves, hasta la sede de la Presidencia de la República, para exigir que las partes firmen el contrato, y aunque un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), les aseguró que la empresa no a solicitado suspender los contratos de trabajo ni hablado de destituciones, a ellos les preocupa el tiempo que permanecerán "sin hacer nada".

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