CCIAP-APEDE: Solicitan al Gobierno moratoria en concesiones mineras

La junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá exigió hoy, jueves, al Gobierno Nacional decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras tanto de explotación como de exploración, y que establezca cuanto antes una fecha para la revisión y el fortalecimiento del Código de Recursos Minerales, que permita definir el futuro del país en esa materia.

Este gremio empresarial ofreció un balance hoy tras los acontecimientos que ocurren en el país por el rechazo de la población en torno al contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Adolfo Fábrega, presidente del CCIAP, explicó que el reto establecido es fiscalizar las concesiones existentes, por lo que proponen la transformación y unificación de las instituciones encargadas en una autoridad que cuente con los recursos necesarios y técnicamente capacitado para monitorear, auditar y vigilar de forma estricta y rigurosa las actividades que se llevan a cabo y que a esta a su vez sea fiscalizada por una Comisión Supervisora, representativa de la sociedad civil.

Los empresarios hicieron un firme llamado a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse en derecho y en tiempos expeditos frente a las demandas presentadas tal y como han señalado expertos juristas, lo que ahora corresponde es el pronto actuar del Órgano Judicial

Alto a la violencia

También hicieron un llamado de alto a la violencia a aquellos ciudadanos que están optando por la anarquía y generando confusión e incertidumbre en la población.
Demandan protección para los ciudadanos que protestan de forma pacífica, así como el amparo de los derechos ciudadanos al libre tránsito, a la educación, a la salud y al trabajo.

Manifestaron su respeto y consideración por los ciudadanos que se han manifestado de forma cívica de esto se trata la democracia, de poder reclamar y discernir sin causar daños ni delinquir.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de aportar a la construcción de soluciones por el bienestar del país, trabajando por un Panamá más equitativo, donde se respete el Estado de Derecho, y se garantice la participación ciudadana y sus derechos.

Posición de Apede

En tanto, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE),  a través de un comunicado de prensa, emitió su posición con relación  a la situación de crisis que vive el país a raíz  de la aprobación de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 (contrato minero).

El gremio solicitó respeto al derecho ciudadano de expresarse de manera pacífica y sin alterar el orden público y rechazan que las manifestaciones legítimas sean aprovechadas por facinerosos y delincuentes para cometer delitos.

Reconocen que la protesta pacífica no solo es un derecho, sino que debe ser defendida. 

Pidieron al Gobierno Nacional, a que de manera inmediata actúe en contra de quienes hoy impiden el libre tránsito en el país, realizan actos vandálicos contra de la propiedad privada y pública, fomentan las protestas violentas y realizan actos delincuenciales en contra de la población panameña y que les caiga todo el peso de la ley.

 APEDE propone que se hagan las siguientes acciones:

- Instar a la Corte Suprema Justicia a que, con base a derecho y a las normas legales vigentes, considere la admisión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 y que, en derecho, estudie y se pronuncie, dentro de los términos que impone la Ley, sobre el fondo de estas demandas.

Presentar cuanto antes, ante la Asamblea Nacional, una ley de moratoria de concesiones de recursos metálicos, para que primero, no se otorguen más concesiones de exploración y explotación en la República de Panamá, hasta tanto se haga una exhaustiva revisión del Código de Recursos Minerales.

Iniciar cuanto antes, la revisión y actualización del Código de Recursos Minerales que data de 1963. Esta acción permitirá contar con un marco legal cónsono con las realidades actuales para la extracción de minerales metálicos y no metálicos en el territorio nacional y la preservación del medio ambiente.

Indican que el país requiere que en estos momentos se respete la institucionalidad democrática y no provocar vacíos constitucionales para que, de una manera democrática e institucional, avance como Nación hacia los senderos de desarrollo social y económico.