Nacional - 12/2/26 - 09:48 AM

CK Hutchinson contraataca y amenaza duro a Merck ¡Ni te metas en los puertos!

CK dijo que una entrada de terceros sin su consentimiento constituye una violación legal y será llevada a los tribunales correspondientes.

 

Por: Redacción / Crítica -

La disputa por los principales puertos del país sube de tono y entra en una fase más delicada. CK Hutchison lanzó una advertencia directa a Maersk: si su filial APM Terminals asume la operación de Balboa o Cristóbal sin autorización, habrá acciones legales. 

El comunicado de Hutchinson se da en medio del conflicto abierto tras el fallo judicial que anuló la concesión vigente desde 1997.

La empresa sostiene que la decisión de la Corte Suprema de Justicia dejó en incertidumbre décadas de contratos y operaciones que, según su posición, siguen protegidos por acuerdos y tratados internacionales. 

Para CK, cualquier transición acelerada o sin consenso representa un perjuicio directo a sus derechos y a los de Panama Ports Company, su filial en Panamá.

En ese contexto, Maersk manifestó su disposición a asumir temporalmente la administración de los puertos para evitar afectaciones al comercio. Sin embargo, CK dijo que una entrada de terceros sin su consentimiento constituye una violación legal y será llevada a los tribunales correspondientes.

La advertencia fue formalizada por Hutchison Port Holdings, que notificó tanto al Estado panameño como al grupo danés que una intervención de APM Terminals, incluso de manera provisional, generará demandas por daños y perjuicios.

Paralelamente, Panama Ports Company activó un arbitraje internacional contra Panamá, alegando afectaciones económicas y una salida forzada sin un proceso de diálogo efectivo. La empresa afirma que intentó resolver el conflicto antes de acudir a instancias internacionales, sin obtener respuestas concretas.

El caso ya tiene impacto fuera del país. Autoridades de Hong Kong cuestionaron el fallo panameño y advirtieron sobre posibles efectos en la confianza de los inversionistas. Mientras tanto, el Gobierno panameño sostiene que las decisiones judiciales deben respetarse y que el proceso de transición portuaria seguirá su curso.

El futuro de Balboa y Cristóbal permanece abierto, con una tensión legal y política que mantiene en vilo al sector portuario y al comercio que depende de estas terminales.