Comunidades cercanas a la mina siguen afectadas por cierres

A pesar de que el pasado 28 de noviembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó inconstitucional el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá, y se anunció luego, por parte del Ejecutivo, un proceso para un cierre ordenado y seguro de la mina; las comunidades cercanas al proyecto se siguen viendo afectadas por cierres y protestas.

Y es que, las acciones en contra del contrato minero se realizaron en todo el país y tomaron más de 30 días, pero luego del anuncio de la CSJ los cierres y protestas cesaron, sin embargo, en estas zonas ubicadas entre la provincia de Colón y Coclé aún se mantienen.

"Si ya querían que se decretara inconstitucional, ya lo hicieron, ¿por qué siguen cerrando?", se preguntó Maritza González, residente de Villa Carmen en La Pintada, quien ha sido una de las tanta voces que se ha manifestado en diversos medios por lo que hoy viven: vías de acceso cerradas y el impedimento de transitar libremente, pues explicó que la mayoría de las veces son revisados por quienes realizan los cierres.

"...Parece que fuéramos una frontera, porque no podemos pasar libremente", expresó González, quien de hecho, dijo que tampoco permiten el paso de material de mantenimiento hacia la mina, pues son tres puntos cerrados: San Juanito, La Ceiba y Punta Rincón.

"Cómo quieren que no haya contaminación, si no dejan pasar el material para que la mina haga su mantenimiento", explicó la residente, asegurando que quienes cierran no son personas de la comunidad y que incluso, han visto unidades policiales "compartir", como si fuera una fiesta, con los que cierran las vías.

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Yesenia, una estudiante universitaria de la zona, confirmó los cierres durante un programa radial, expresando que quienes "no piensan igual a los manifestantes, no los dejan pasar".

Ante las molestias y afectaciones, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado a los estamentos de seguridad para preservar el orden en la zona, sin embargo, como no se logró el cometido, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público de Panamá) por las seis comunidades perjudicadas.

Leblanc visitó la región y dio a conocer que se observaron personas consumiendo sustancias y privando la movilidad de quienes desean retornar a sus hogares.

Por su parte, Abel Oliveros, residente de Coclesito, pidió a las autoridades tomar en cuenta a las comunidades cercanas a la mina, porque siente que se tomó una decisión "al calor del momento".

"...Fueron decisiones sin tomar las consecuencias y comunidades cercamas, empleados, trabajadores, emprendedores locales, que estamos viviendo una incertidumbre, que ahora, quedamos en el aire", comentó sobre con respecto a todo el proceso de cierre de la mina.

De hecho, dijo que muchos residentes de la zona no hablaron sobre el proyecto durante las consultas ciudadanas, porque se les tildaba de "vende patria", "ser canadiense" o recibían amenazas.

Hoy, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici), confirmó que ante la notificación formal del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406, Panamá ha iniciado el proceso para el cierre ordenado y definitivo de la mina Cobre Panamá.