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Cuestionan actuaciones de fiscales en Veraguas

Por: Redacción / Crítica Impreso -

Un manto de destrucción cayó el 5 de octubre de 2017 en la comunidad de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, cuando en horas de la madrugada, la empresa Generadora del Istmo (GENISA) decide abrir las compuertas del embalse de Barro Blanco, cuyas consecuencias resultaron devastadoras para las áreas vecinas y a la empresa Agroganadera La Albina, que para esa fecha se preparaba en la cosecha de arroz sobre una superficie de 350 hectáreas.

La enorme cantidad de agua vertida causó la crecida del río Tabasará y una inundación que recorrió una vasta extensión territorial hasta afectar viviendas, granjas, animales y la propiedad Agroganadera La Albina, que preveía el corte de arroz mecanizado y perteneciente al empresario Alberto Martinelli Lince.

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El encargado de la finca La Albina, Miguel Sánchez, describió que acudió a la zona anegada donde observó que la fuerza del agua arrasó la siembra de arroz, equipos agrícolas y otros bienes ubicados en las riberas del río, valorados en miles de dólares.

Al día siguiente de la inundación causada por la apertura de la represa, el empresario Alberto Martinelli Lince junto a su abogado, Ivan Castillo, presentan la querella penal contra GENISA.

Pese a las argumentaciones legales y elementos probatorios, el Ministerio Público se había negado a la formulación de cargos contra la parte demandada. La inacción de la Personería de Las Palmas fue recurrida ante la juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio, Lourdes Castro, que el 5 de febrero de 2019, en una audiencia de afectación de derechos, presentada por el abogado Iván Castillo, reitera al Ministerio Público la orden de formular los cargos penales contra GENISA.

Sin embargo, el 14 de febrero se emitió una resolución emanada del Ministerio Público que ordena el traslado del personero de Las Palmas, Dionel Guevara, hacia la personería de Mariato. En reemplazo se designa a César Hernández, quien se negó a imputar los cargos contra la hidroeléctrica.

Los querellantes interponen nuevas acciones legales hasta que el 26 de noviembre de 2019, la juez de Garantías, Edith Guizado, dicta que existe la afectación de derechos en perjuicio de la empresa Agroganadera La Albina.

El fiscal superior Marcelino Aguilar solicitó al personero de Las Palmas, César Hernández, remitiera a su despacho la carpetilla 59855, que contiene las investigaciones sobre los daños causados por la inundación. Al conocer esta situación, el empresario Alberto Martinelli junto a su abogado, acuden a las instalaciones regionales del Ministerio Público, en Veraguas, para conocer la suerte del expediente, pero el fiscal Aguilar negó que esa documentación reposara en su despacho y qué desconocía su paradero.

Tanto Martinelli como su apoderado legal al corroborar que el personero remitió la carpetilla emplazaron al fiscal Aguilar por lo sucedido interpusieron dos denuncias contra el citado funcionario por falta de lealtad y probidad procesal. También argumentaron que esa injerencia del fiscal influye en la objetiva e imparcialidad sobre el personero Hernández, tal cual quedó asentada en una queja disciplinaria elevada ante el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.

En la queja disciplinaria presentada ante el procurador Ulloa se aportó como prueba un mensaje de voz enviado por el personero César Hernández al teléfono celular de una periodista, en cuyo contenido queda registrado un lenguaje inapropiado hacia el abogado Iván Castillo.

La querella también solicita la separación del cargo a Hernández.

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