En un año Panamá y Colombia no logran acuerdo tributario
El humo blanco que todos esperan que salga de la mesa de negociaciones entre Colombia y Panamá, para llegar a establecer un acuerdo de intercambio de información que permita a las autoridades tributarias nacionales visualizar riquezas colombianas que están allá y que evaden impuestos en nuestra nación, no aparece por ningún lado.
Hoy vence el plazo establecido hace un año, tras la inclusión de Panamá en la lista gris colombiana de paraísos fiscales, decisión que fue tumbada a los pocos días, luego de anuncios por parte de los vecinos de aplicar medidas de retorsión. Al final, se suscribió un entendimiento, para negociar un acuerdo.
Panamá estaría pidiendo implementar la doble tributación, lo que para algunos analistas no es muy conveniente para la meta de Colombia, de controlar la evasión.
Un acuerdo de doble tributación está pensado para que los países se dividan los impuestos por pagar de un inversionista extranjero. Pero en este caso habría diferencias porque, "si se trata de una sociedad al portador, como está en Panamá y que invierte en Colombia, solo debe tributar allá, donde hay normas para que las rentas que ellos tienen en Colombia paguen impuestos de 0. Es decir, no tributarían en ninguna parte, por lo que los evasores aprovechan e invierten desde allá", indicó una fuente.
Y agregó que "el acuerdo de doble tributación con Panamá solo llevaría a que las riquezas que están allá queden protegidas por la ley de Colombia".
Por el momento, pese a que las autoridades colombianas poco quieren ahondar en el tema, los negociadores de la Dian señalan que ha habido consenso en varios temas, pero que aún faltan reuniones.
El rifirrafe colombo-panameño, del año pasado, fue precisamente porque esa nación se negó a la petición de Colombia de suministrar información que permita controlar la evasión, pues se estima que en varios países del mundo –entre ellos, Panamá– hay riquezas de colombianos que representan una cifra de gran dimensión y que, según estimativos, significarían un nivel de evasión tributaria de entre 4 y 15 billones de pesos.