Fraude de paternidad avanza a segundo debate; prueba y multas para bandidas
La propuesta establece que quien obligue a un hombre a reconocer como suyo a un menor que biológicamente no lo es, podría enfrentar hasta 5 años de prisión.
Fraude de paternidad avanza a segundo debate; prueba y multas para bandidas
Por: Redacción / Crítica -
El proyecto que busca castigar el fraude de paternidad dio un paso en la Asamblea. Con 8 votos a favor, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate la iniciativa que tipifica este hecho como delito penal.
La propuesta establece que quien obligue a un hombre a reconocer como suyo a un menor que biológicamente no lo es, podría enfrentar hasta 5 años de prisión o una sanción conmutable de hasta 500 días-multa.
El documento ahora pasará al pleno legislativo para su segundo debate. Allí se espera escuchar la opinión del Órgano Judicial, especialmente de un juzgado de familia, para revisar el impacto que la norma podría tener sobre los derechos de los menores involucrados.
El diputado Jairo Salazar, proponente de la iniciativa, explicó que la intención no es atacar a las mujeres ni provocar rupturas familiares. Señaló que la medida busca establecer un mecanismo claro para prevenir conflictos y garantizar transparencia en los casos de paternidad.
Uno de los puntos centrales es que la prueba de ADN será obligatoria cuando el juez lo considere necesario. El costo del examen genético deberá asumirlo quien solicite la prueba, aunque el dinero podría ser recuperado dependiendo del resultado.
Según el proyecto, si se demuestra que no existe vínculo biológico, la madre tendría que reembolsar el dinero gastado en la prueba genética al padre que la solicitó.
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Durante el debate también se discutió la protección de los menores. La diputada Janine Prado señaló que en la segunda discusión será clave revisar las garantías para los niños, tomando en cuenta que en Panamá muchas familias son monoparentales.
Los comisionados además decidieron eliminar el artículo 9 del proyecto de ley 510, que contemplaba agravantes para aumentar la pena dependiendo del número de afectados.
