Las pruebas de Alejandro Moncada

José González Batista
Crítica

La defensa del Alejandro Moncada entregó una serie de pruebas para descartar los cargos de enriquecimiento injustificado, que incluyen en un solo caso honorarios como abogado por $400 mil; un ingreso potencial de $1.2 millón como magistrado, sin contar los ingresos de su esposa desde el 2004 con salario mensual de B/. 4,500.00
Sidney Sittón y Gonzalo Moncada Luna , representantes y defensores técnicos de Moncada, entregaron a las 3:00 p.m. de hoy el escrito de pruebas ante el despacho del diputado-fiscal Pedro Miguel González.
Los abogado del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia exigieron dentro del escrito de pruebas la comparecencia y declaración jurada del empresario y ex vicepresidente de la República, Felipe “Pipo” Virzi.
La principal prueba solicitada es la recepción de la declaración como testigo de “Pipo” Virzi para que reconozca las firmas de las escrituras públicas y aclare lo relacionado con el  préstamo de $700 mil sin intereses que le hizo al separado magistrado para comprar el apartamento PH Santorini, en Coco del Mar.
  La defensa de Moncada presentó el contrato notariado en la Notaría Décima el 8 de enero de 2013 entre el magistrado y Virzi.
  Sittón exigió al fiscal González hacer una explicación pública de la razón y el por qué el empresario Virzi no ha sido citado a rendir declaración jurada “cuando se trata de uno de los elementos de pruebas fundamentales en el proceso y que es un elemento importante en la investigación”.
El abogado asegura que las pruebas aducidas aclaran y demuestran la falsedad de los argumentos del fiscal González en la “audiencia de imputación de cargos” y que evidencia la violación del artículo 470 del Código Procesal Penal que lo obligaba en la etapa de investigación únicamente “recabar pruebas favorables y desfavorables”.
A juicio de Sittón, las pruebas presentadas demuestran que Moncad no incurrió en delito de enriquecimiento injustificado y que, en ningún momento, realizó compras con dinero en efectivo y que, además, su primera propiedad el PH Ocean Sky por la suma de B/. 450 mil, la adquirió en septiembre del 2009 antes de ser magistrado.
 Otra prueba clave es la declaración notarial jurada del empresario Ramiro Rojas Pardini, quien reveló que en el 2008 contrató a Moncada para que lo representará en una demanda millonaria en la que pactó honorarios por la suna $400 mil que cubría con abonos mensuales. Además le desembolsó otros $45 mil por la representación en otro caso.
 También se adujo el certificado de matrimonio entre Moncada y María del Pilar Fernández en la que figura como uno de los testigos el abogado Italo Antinori
Los abogados de Moncada alegaron, además, que este decidió realizar la inversión del inmueble PH Santorini, que se hizo con base a garantías y préstamos totalmente legales y transparentes.
Para la adquisición de los inmuebles se crearon dos sociedades anónimas en las que los únicos accionistas eran el propio Moncada y su esposa. “Estas sociedades no realizaban comercio alguno y lo que deja esclarecido que de ninguna forma se ocultaba la identidad de los mismos”, añadió la defensa
Sidney Sittón advirtió que el fiscal Pedro Miguel González intentó relacionar la adquisición del  inmueble y préstamo de Virzi a Moncada con un amparo del Banco Universal que tuvo como ponente al hoy separado magistrado, y cuya decisión fue respaldada por el pleno de la Corte. Ese fallo era de febrero de 2011 y ni siquiera se había dado el préstamo cuestionado que se pactó  dos años después, explicó el abogado.
 Sobre el testimonio de “Pipo” Virzi, el abogado Sittón, manifestó que “se ha querido satanizar el hecho de que una persona le presta a otra sin intereses”. La relación entre Moncada y Virzi es excelente. De hecho, el magistrado se refiere afectuosamente al empresario como “tío Pipo”, aunque no hay una relación filial entre ambos.
Sittón aseguró que el diputado González ha violado el debido proceso al incorporar a la investigación una serie de correos electrónicos cursados entre partes y lo ha incorporado en la investigación. El artículo 29 de la Constitución establece que “la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos" sin autorización de autoridad competente.
Por último, comentó sobre otro “exceso” cometido por González,  que consiste en haber investigado las cuentas bancarias de personas que no han sido imputadas en el proceso.