Mulino: La ocupación de los puertos no es expropiación
El consejo de Gabinete aprobó ayer dos contratos de concesión transitorios para asegurar la continuidad de las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional el contrato ley otorgado a Panama Ports Company.
Las resoluciones N.° 4 y N.° 5 autorizan a la Autoridad Marítima de Panamá a suscribir, mediante procedimiento excepcional, la contratación temporal a dos empresas internacionales por un periodo de hasta 18 meses.
La Resolución N.° 4 del 23 de febrero de 2026 establece el contrato a APMT Panamá S.A., que se encargará de la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa, en el Pacífico. El monto aprobado es de $26,100,000.00.
Mientras que la Resolución N.° 5 del 23 de febrero de 2026 establece el contrato transitorio con TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón.
Las concesiones tendrán carácter temporal mientras se definen los términos de un esquema definitivo para la gestión de ambas terminales portuarias y se establece el pliego de cargos para efectuar la licitación de la administración de los puertos.
La ocupación de los puertos no es expropiación
El presidente José Raúl Mulino aclaró al país que el control que tiene el Estado panameño sobre los puertos Cristóbal y Balboa no es una expropiación, sino su utilización para garantizar sus operaciones.
"Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que corresponden. Reitero, esto no es expropiación”, afirmó Mulino en un mensaje a la Nación.
Señaló que la AMP, representación del Estado, tomó posesión de las instalaciones “con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales”.
Además, afirmó que la decisión representa una muestra de confianza en el país y sostuvo que Panamá recupera su imagen y el estatus internacional”.
Mulino también aseguró la estabilidad laboral para los más de 7,000 trabajadores vinculados a las terminales portuarias; aseguró que todos mantienen sus puestos.
Por último, manifestó que las decisiones no responden a intereses particulares.