Preocupa situación del empleo en Panamá: informalidad supera 47%

Panamá atraviesa una crisis en su mercado laboral que genera preocupación entre diversos sectores sociales y económicos, advirtieron expertos durante una jornada de asesoría y talleres dirigida a obreros de todo el país, realizada recientemente en la ciudad de Santiago. 

El economista y consultor laboral Renee Quevedo fue uno de los principales expositores del evento, en el que analizó la situación laboral actual basándose en datos oficiales y proyecciones a corto y mediano plazo. 

“El Estado panameño está hoy en día adicto al endeudamiento como fórmula para sostener la economía, en lugar de generar condiciones para una reactivación sostenida del empleo”, afirmó Quevedo. 

El especialista también señaló que la pérdida de confianza empresarial ha frenado la creación de empleos y evidenció un desfase entre las políticas públicas y las necesidades reales del mercado laboral. 

Según cifras de la Contraloría General de la República, la tasa de desempleo en Panamá ronda el 7.4%, mientras que la informalidad afecta a más del 47% de la población económicamente activa, una situación que ha encendido las alarmas entre gremios sindicales, empresariales y académicos. 

Durante el encuentro, Exonobel Quintero, jurista y docente universitario, destacó que el movimiento obrero ha comenzado a actualizarse en temas clave como tecnología y legislación laboral, con el objetivo de adaptarse al nuevo contexto económico y social. “Hay mayor conciencia de la magnitud del problema entre los trabajadores”, subrayó. 

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Los especialistas coincidieron en que los principales desafíos que enfrenta el país incluyen:

 -La transformación del sistema educativo, para alinear la formación profesional con las demandas del mercado laboral. 

-El fortalecimiento institucional, para garantizar un entorno jurídico y económico confiable.

 -La inversión privada, tanto local como extranjera, como motor de generación de empleo y dinamización económica. 

La jornada concluyó con un llamado a establecer un diálogo nacional entre trabajadores, empresarios, académicos y autoridades, que permita articular soluciones sostenibles frente a una crisis laboral que, según los expertos, podría prolongarse si no se toman decisiones estructurales con urgencia.