Rodarán cabezas por Masacre de la Joyita

El comisionado José Melamed, jefe de seguridad penitenciaria; el subcomisionado Ismael Arguelles, jefe de seguridad de La Joyita; así como el oficial retirado Walter Hernández Alvarez y el comisionado jubilado Luis Alberto Gordón, director y subdirector del Sistema Penitenciario de Panamá, respectivamente, fueron suspendidos de sus cargos tras la masacre de Navidad en el citado penal, que cobró la vida de 15 reos.

Fue el propio mandatario Laurentino Cortizo, tras una reunión del Consejo de Seguridad y del Gabinete, el que anunció la suspensión que incluyó además al cabo primero Rigoberto Pérez, quien estaba de turno en el pabellón 14, cuando se produjo la reyerta. El comisionado Melamed apenas el 5 de diciembre asumió la seguridad de las prisiones.

El presidente Cortizo manifestó que es inaceptable lo que ocurrió y manifestó que le dará dos semanas a los Ministerios de Gobierno y al de Seguridad para que entreguen un informe completo de los hechos en La Joyita. "Lo que pasó, me desveló. Estuve hasta altas horas de la noche recibiendo información, contrarrestando algunas de las informaciones que salían en redes sociales", añadió.

El gobernante dijo que será enérgico con quienes están involucrados con la masacre en La Joyita luego del informe que se le rinda y anticipó que se daráuna cantidad considerable de destituciones. "Sí, voy a tomar decisiones y sí van a ver despidos, todo tiene su consecuencia", advirtió Cortizo.

Aparte de las destituciones, los funcionarios involucrados se exponen a penas de hasta 50 años de prisión por tráfico de armas de guerra (se decomisaron tres rifles de asalto AK-47), asociación ilícita, corrupción de funcionarios y cómplices de 15 homicidios.

“Vamos a tomar las decisiones y los que no cumplieron con su deber, que se atengan a las consecuencias", señaló. "Nosotros nunca, nunca nos vamos a rendir. Pueden estar seguros que tomaremos medidas duras, sin contemplaciones para que no vuelva a pasar".

"En esas dos semanas quiero tener la respuesta y las acciones a tomar lo más pronto posible", advirtió el mandatario y anunció una serie de medidas que se requieren para evitar lo que está sucediendo en los centros carcelarios.

Se procederá a investigar a cada uno de los responsables, a todos los custodios y miembros de la Fuerza Pública que laboran en La Joyita y serán investigados a través de un sistema que omitió revelar.

Las autoridades revelaron que se han hecho 175 requisas a nivel nacional, pero sorprendentemente, Cortizo confirmó que que no se había hecho una precisamente en ese Pabellón 14 de La Joyita.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero Montenegro reconoció que aún no tiene información de cómo se pudo introducir tres fusiles AK-47, tres pistolas 9mm, una pistola 380 y un revólver 38 a La Joyita.

"En estos momentos estamos haciendo las investigaciones para dar cómo se introdujeron estas armas dentro del penal y no podemos determinar tampoco en que fecha se introdujeron", expresó Romero.

El ministro dijo que lo que sucedió en el pabellón 14 es un hecho extraño, porque se trata de guerra entre una misma banda. "Nosotros estamos teniendo un control que es de separar las bandas, para que no se den enfrentamientos, pero la situación del 17 era difícil de controlar y saber que iba a ocurrir porque eran miembros de una banda".

Respecto a la vigilancia, el mandatario dijo que se debe mejorar el sistema e implementar cámaras inteligentes, además del control de la introducción de los equipos celulares. Reveló que se está culminando con un equipo especial para las diferentes cabecillas de las bandas delincuenciales. "No vamos a anunciar de qué se trata", agregó el gobernante.

Cortizo anticipó un proyecto de Ley que pretende para traspasar el tema de los custodios penitenciarios del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Seguridad.

En tanto, el Colegio Nacionald de Abogados señaló a la Policía Nacional como el principal responsable de los sucesos registrados en La Joyita y no descartaron demandar al Estado por la muerte de los 15 reos.

Mientras, una fuente confiable destacó que en los penales hay un negociado de todo. Una visita conyugal cuesta hasta $500; hay cuatro torres de vigilancia que cuando se dan fugas, no detectan nada.

Por su parte, el excapitán Edgardo Falcón sostuvo que lo sucedido en La Joyita es la mexicanización de Panamá. "¿Cómo es posible que los anillos de seguridad externos que tiene la Policía no detecta las armas? Hay una tanda de oficiales y personal pidiendo jamones, pero no le brindan la mínima seguridad al país; se pagan informantes con fondos del Estado y no hay informes de esos gastos que se cubren con nuestros impuestos", exclamó.