EE.UU. no afloja: visas se deciden por seguridad nacional
El embajador de Estados Unidos en Panamá reafirmó que la política de visas se rige por criterios de seguridad nacional, en medio de restricciones y revocatorias que continúan generando debate político en el país.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, reiteró que la política migratoria estadounidense se mantiene sin cambios y que la aprobación, revocación o negación de visas responde exclusivamente a criterios de seguridad nacional establecidos por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Cabrera subrayó que las autoridades estadounidenses no ofrecen explicaciones públicas ni comentan casos individuales, y recordó que la visa es considerada un privilegio y no un derecho. Sus declaraciones se producen en medio de un tema que continúa generando debate en Panamá.
Desde septiembre de 2023, Washington mantiene restricciones y revocatorias de visas a diversas figuras panameñas, entre ellas políticos, abogados y periodistas con influencia en la opinión pública. Fuentes oficiales han confirmado que la lista sigue vigente y que la política aplicada no ha sufrido modificaciones.
Según la posición estadounidense, algunos de los señalados tendrían vínculos directos o indirectos con estructuras asociadas al Partido Comunista Chino, presuntamente utilizadas para influir en decisiones del Estado panameño o en la formación de la opinión pública, lo que consideran un riesgo para su seguridad nacional.
Consultado sobre la relación con China, el embajador indicó que Estados Unidos tiene la facultad soberana de decidir quién puede ingresar a su territorio, como parte de su política exterior y migratoria.
Entre los nombres mencionados figura el exalcalde y excandidato presidencial José Isabel Blandón, quien confirmó que su visa estadounidense está vencida desde abril del año pasado y que no ha iniciado su renovación al asumir que sería negada. El dirigente ha atribuido la situación a sus críticas a la política de Washington y al Memorándum de Entendimiento, asegurando que su postura responde a intereses nacionales.
También aparece el expresidente Juan Carlos Varela, señalado presuntamente de haber recibido 150 millones de dólares a cambio de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con China. En la lista se menciona además a Nicole Wong, exdirectora de Política Exterior, a quien fuentes estadounidenses atribuyen un papel relevante en ese proceso.
Asimismo, figuran el abogado Jürgen Mossack, vinculado a la creación de empresas offshore; Rafael Pinto, exgobernador relacionado con políticas comerciales y tecnológicas ligadas a China; y Amado Cerrud, expresidente del Parlacen, señalado por promover espacios de influencia favorables a ese país en foros regionales.
La situación mantiene abierto el debate diplomático y político en Panamá, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China y su impacto en la política nacional.