“Hallamos arrogancia en Hutchinson”, dice el presidente
Mulino recalcó que el gobierno no va a permitir que se cuestione la soberanía sobre la administración portuaria.
Durante el 2025, los cinco puertos cercanos al Canal movieron casi 10 millones de contenedores TEU.
Por: Redacción / Crítica -
El presidente José Raúl Mulino dijo que durante casi todo 2025 su equipo sostuvo reuniones con altos ejecutivos de CK Hutchison Holdings en Nueva York y Washington. La intención era buscar una salida al conflicto por la operación de los puertos. Pero aseguró que del otro lado no hubo apertura.
“Lo único que encontramos fue arrogancia”, dijo el mandatario en su conferencia semanal. Fue más allá y según él, les indicó que a Panamá nadie lo saca de sus puertos.
Recalcó que el gobierno no va a permitir que se cuestione la soberanía sobre la administración portuaria.
El tema se da luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC). La decisión quedó en firme tras su publicación en la Gaceta Oficial el 23 de febrero. Con eso, quedó sin efecto la concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
En la sentencia, la Corte concluyó que el contrato-ley era “lesivo para los intereses de la colectividad” y que violaba el orden público y la Constitución. También precisó que, tras la declaratoria, debe entenderse que no existe concesión vigente. Es decir, jurídicamente queda sin piso el acuerdo anterior.
Mulino también cuestionó la actuación de la empresa saliente. Dijo que no hubo congruencia entre lo que afirmaban y lo que hicieron en el país. Añadió que, según su criterio, esa compañía “hizo y deshizo” en Panamá durante décadas.
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En el plano diplomático, el mandatario informó que la Cancillería rechazó ciertas aseveraciones vinculadas al caso. Ese mensaje, indicó, fue transmitido a la embajadora de China en Panamá, quien funge como contacto oficial con el gobierno chino. Según explicó, se desmintieron esas afirmaciones de manera formal.
El presidente aseguró que durante un año evaluaron distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de que la Corte declarara inconstitucional el contrato. Reconoció que ese era el escenario más complejo.
Afirmó que, ante ese resultado, el gobierno se preparó para actuar en lo que considera beneficio del país y de la operación portuaria.
