Moody’s calma las aguas: salida de Hutchison no golpea crédito de Panamá
Moody’s explicó que el país ha venido implementando políticas macroeconómicas para enfrentar los riesgos financieros.
Moody’s explicó que el país ha venido implementando políticas macroeconómicas por lo que esta decisión puntual no genera un impacto inmediato.
Por: Redacción / Crítica -
La calificadora de riesgo Moody's Ratings dijo este martes que la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos alrededor del Canal de Panamá no afecta directamente, al menos por ahora, el perfil crediticio del país, que viene aplicando políticas macroeconómicas para evitar perder el grado de inversión.
La Corte Suprema de Justicia declaró el pasado 29 de enero como inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), ubicados en áreas estratégicas del Canal.
Un día después, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá de forma transitoria la operación de ambos puertos, mientras se realiza una nueva licitación abierta y transparente para la concesión.
“La decisión de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria no tiene un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá”, señaló Moody’s Ratings en un comentario enviado a EFE.
No obstante, la agencia —que mantiene a Panamá con grado de inversión Baa3 y perspectiva negativa— advirtió que un posible arbitraje internacional por parte del concesionario chino podría convertirse en un pasivo contingente, con eventuales efectos sobre las finanzas públicas, un punto sensible para la calificación soberana.
“Un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, aunque vemos poco probable que ese proceso se resuelva en el corto plazo”, agregó la calificadora.
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Por su parte, Panama Ports Company reaccionó asegurando que el fallo judicial carece de fundamento jurídico y no descartó activar procedimientos legales e internacionales para defender su concesión.
