Oferta académica universitaria en riesgo por retrasos

La oferta académica de las universidades particulares de Panamá corre riesgo ante retrasos y posibles irregularidades en la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), encargada de aprobar programas, planes y sedes de estudios. 

Representantes del sector denuncian que la comisión, dirigida por la Secretaria Técnica Myrna McLaughlin y presidida por el Rector Eduardo Flores, estaría incumpliendo los plazos legales de revisión, generando incertidumbre y afectando la programación de carreras de alta demanda laboral, tanto nacional como internacional.

Esta comisión, adscrita a la Universidad de Panamá, es la encargada de fiscalizar, revisar y aprobar los programas, planes y sedes de estudios en todas las universidades particulares de Panamá.

A la CTDA se le señala por posibles incumplimientos en los plazos de revisión y aprobación de los planes de estudio, así como por interpretaciones subjetivas para el reconocimiento de sedes de estudios para carreras presenciales en universidades particulares.

Aparentemente estaría desatendiendo los plazos de 30 días, estipulados en la norma, para dar contestación a los representantes de las universidades particulares sobre la evaluación y fiscalización de planes y programas.

La demora estaría generando un problema en la programación de la oferta académica de las distintas universidades, lo que ocasionaría que carreras de alta demanda laboral, nacional e internacionalmente, no puedan ser impartidas por la falta de respuesta de la CTDA.

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El proceso de revisión de planes no es gratuito. Las universidades particulares pagan anticipadamente el 50% del costo de la tarifa de los planes y programas, estipulada por la misma CTDA.

Desde la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) han sido críticos del manejo de Myrna McLaughlin en la CTDA.

El presidente de AUPPA, José Nieto Rojas, habría enviado al Presidente de la República, José Raúl Mulino, una carta en la que detalla una “situación preocupante” que afecta a las universidades particulares.

“Nos hemos visto afectados por un incumplimiento de los plazos establecidos en el Resuelto 723-AL del 21 de marzo de 2022 (resuelto que complementa la Ley 52 de 2015). Este retraso en la aprobación o negación de carreras y programas nuevos, que puede oscilar entre 1 y 3 años, está generando una gran incertidumbre y limitando el desarrollo académico”.

Advierte que el manejo dentro de la CTDA “deja a nuestro país rezagado en comparación con el resto de América Latina en materia educativa”.

“Es evidente que lo que se está ocasionando es un proceso de evaluación prolongado y que actúa en detrimento de nuestras universidades”, se señala.

Nieto argumentó que la CTDA “no tiene la facultad de detener indefinidamente los procesos de evaluación y su reglamentación, bajo el pretexto de falta de instrumentos o de expertos”.