PPC le declara la pelea legal a Panamá: inicia arbitraje internacional
La compañía aseguró que la decisión llega tras lo que califica como una campaña directa del Estado contra PPC y su contrato
PPC le declara la pelea legal a Panamá: inicia arbitraje internacional
Por: Redacción / Crítica -
La pelea por los puertos cruzó fronteras. Panama Ports Company llevó al Estado panameño a un arbitraje internacional, acusándolo de romper las reglas del contrato de concesión y de empujar acciones que ponen en jaque la seguridad jurídica, en un choque que puede costarle millones al país y sacudir el negocio portuario.
En un comunicado, la compañía aseguró que la decisión llega tras lo que califica como una campaña directa del Estado contra PPC y su contrato, marcada por acciones que, según la empresa, le han causado daños graves y perjuicios inminentes, sin que se haya aplicado el mismo trato a otros contratos similares del sector portuario.
PPC sostuvo que antes de llegar al arbitraje intentó evitar el choque legal, enviando consultas y comunicaciones al Estado panameño. Dice que mientras seguía operando los puertos y cooperando con las autoridades, pidió aclaraciones y alertó sobre sus preocupaciones, pero nunca obtuvo respuestas que le dieran tranquilidad.
¿En qué se basa el reclamo?
El arbitraje, según la empresa, se apoya en el contrato de concesión y en un marco jurídico que por casi 30 años ha funcionado como un “contrato-ley”, garantizando estabilidad y seguridad jurídica. PPC afirma que Panamá incumplió obligaciones contractuales y legales, lo que abrió la puerta a esta disputa internacional.
La compañía explicó que la indemnización será definida tras evaluar datos financieros relevantes, además de otros remedios legales, dejando claro que se reserva todos sus derechos.
El trasfondo del conflicto
Como parte del contexto, PPC señala que el Estado cambió posiciones históricas sobre el marco jurídico del contrato e impulsó acciones legales para invalidar la concesión, que nació de una licitación internacional.
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También mencionó el comunicado del Órgano Judicial del 29 de enero de 2026, sobre un fallo que declara inconstitucional la Ley Nº 5 de 1997, subrayando que aún no ha sido publicado oficialmente ni está en vigor.
Después de eso, según PPC, el Estado anunció medidas para asumir el control de las operaciones portuarias, incluyendo visitas, solicitudes de información técnica y comercial, y acceso a personal, todo dentro de un supuesto plan de transición.
Pese al pulso legal, la empresa aseguró que sigue operando los puertos, mantiene comunicación con el Estado y ha pedido conocer ese plan para coordinar cualquier proceso. Además, recordó que ha hecho fuertes inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano, generando miles de empleos y aportando al posicionamiento de Panamá como hub logístico internacional.
Al cierre, PPC dejó la puerta abierta al diálogo, reiterando su disposición a seguir conversando con el Estado panameño para buscar una salida al conflicto.
