Fiscalía busca medidas severas para aprehendidos en Operación Fuego

La Fiscalía Primera de Drogas continúa hoy con la solicitud de medidas cautelares a 12 personas restantes aprehendidas durante la Operación Fuego que desarrolló la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.
El pasado martes, 30 de agosto,  se logró la imputación de cargos por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos para los 41 aprehendidos durante la operación.
El lunes, durante la reanudación de las audiencias de solicitudes múltiples, el juez de garantías le había imputado los mismos cargos a 22 de las personas vinculadas en este caso.
A diferencia de otros casos, las audiencias relacionadas con esta operación, cuyas investigaciones iniciaron en el mes de febrero de 2019, se han extendido por varios días, debido a la multiplicidad de vinculados, a los cuales ya se les decretó legal la aprehensión. Aún hace falta que el juez les decrete a los imputados la medida cautelar a cumplir.
El pasado miércoles, 24 de agosto, el Ministerio Público (MP); informó los resultados obtenidos a través de la implementación de la aperación 'Fuego, la cual se adelantó en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.
Durante la operación, el MP, en conjunto con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), realizaron 45 diligencias de allanamiento y registro con la participación de más de 40 fiscales del Ministerio Público, 305 unidades de la Policía Nacional y 140 efectivos del Senan, donde se dio con el decomiso de armas de fuego, municiones, presunta sustancia ilícita y la suma de B/.139,094.00 en efectivo, gran parte de esta suma estaba en una residencia, en el corregimiento de Don Bosco, en Panamá.
Entre las personas aprehendidas están el hermano y la esposa de alias “Marshall”, presunto líder de esta organización criminal; además, dos médicos, una unidad de la Policía Nacional, y un representante de corregimiento.
El grupo tenía como finalidad el envío de sustancias ilícitas al continente europeo y Las Bahamas, a través de los puertos de la provincia de Colón y mediante vehículos con doble fondo desde la ciudad de Panamá hacia la frontera con Costa Rica, para continuar su tránsito hasta Norteamérica. Se recibió información sobre un grupo de personas dedicadas a la recepción de sustancias ilícitas en grandes cargamentos procedentes de Colombia, utilizando la costa atlántica para el almacenamiento, custodia, equipamiento y demás.

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La organización delictiva empleaba como modus operandi la coordinación de toda la logística de las actividades ilícitas a través de reuniones y comunicaciones telefónicas, teniendo como área operativa principal, Colón.
Las actividades ilícitas le generaban a este grupo criminal por el cobro de la custodia, seguridad y transporte de la sustancia ilícita, dinero que mediante personas allegadas, facilitadores y familiares era colocado en el sistema bancario mediante la creación de sociedades anónimas que no tienen sustento comercial, físico, ni económico para que a través de estas se adquirieran propiedades exclusivas, vehículos de alta gama, embarcaciones, empresas y demás beneficios económicos que les permite encubrir e integrar el dinero de origen ilícito.