Investigan a 28 beneficiarios del IFARHU por auxilios económicos

 La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por la fiscal Azucena Aizpurúa, mantiene una investigación en curso contra al menos 28 estudiantes que habrían recibido auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) de manera irregular. Entre los investigados se encuentran figuras públicas, servidores públicos e influencers de redes sociales.

Estas personas están siendo procesadas por presuntos delitos contra la administración pública, específicamente peculado por extensión y corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho.

 Hasta el momento, cinco beneficiarios han sido imputados formalmente y enfrentan medidas cautelares como el reporte periódico. Sin embargo, algunos no se han presentado a las audiencias, lo que llevó al Tribunal de Garantías a solicitar al Ministerio Público que utilice los mecanismos legales necesarios para asegurar su comparecencia.

Audiencias programadas

Para el jueves 9 de octubre se ha programado audiencia para cinco estudiantes, mientras que el viernes 10 se espera la comparecencia de otros trece. En estas audiencias, el Ministerio Público presentará cargos formales y los incluirá oficialmente como parte de la investigación. Se prevén nuevas audiencias para diciembre, donde se abordarán los casos de otros implicados.

Exdirector del IFARHU, bajo detención

La fiscal Aizpurúa también confirmó que el exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, se encuentra bajo detención provisional por el delito de peculado. Es señalado como uno de los principales responsables del esquema de asignación irregular de auxilios económicos.

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Anomalías por más de 15 millones de balboas

Una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República reveló irregularidades por más de B/.15 millones en la entrega de auxilios económicos entre 2021 y 2023. Parte de estos fondos habrían sido otorgados a personas sin justificación académica válida o con conexiones políticas y sociales que facilitaron el acceso a los beneficios.  

Según la Fiscalía, muchas de estas asignaciones no cumplieron con los criterios de necesidad económica ni mérito académico, lo que podría constituir múltiples delitos contra la administración pública.