Comida de cárceles en una sola mesa: contrato de $209 millones sin competencia
En total, una población estimada de 17,401 personas. De ese número, 16,409 son privados de libertad, 424 custodios y 568 policías asignados a los penales.
En la cárcel de Chitré, de los 232 casos reportados, todos están activos
Por: Con información de Francisco Paz -
El Ministerio de Gobierno ya decidió quién pondrá la comida en las cárceles de la provincia de Panamá por los próximos seis años.
El contrato fue para el Consorcio Panameño de Alimentación (Copali). No hubo pelea. Fue el único oferente que llegó al acto público.
La cifra es de $209 millones 690 mil 750 dólares con 50 centavos. Ese es el monto que el Estado pagará para alimentar a detenidos, custodios y policías dentro del sistema penitenciario panameño.
Copali está integrado por Compañía Alimentando Panamá, S.A., una sociedad inscrita en el Registro Público en noviembre de 2012.
En los documentos figura como apoderado el empresario colombiano Juan Carlos Almansa Latorre. Ese es el nombre que sale en los documentos oficiales.
La comida llegará a La Joya, que en realidad son tres cárceles en un solo complejo, además del Centro Femenino de Rehabilitación, Tinajitas y El Renacer.
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En total, una población estimada de 17,401 personas. De ese número, 16,409 son privados de libertad, 424 custodios y 568 policías asignados a los penales.
El precio quedó fijado: $5.50 por persona al día. Ración completa. Desayuno, almuerzo y cena. Ni más ni menos.
Este es el segundo acuerdo de alimentación penitenciaria que firma el Ministerio de Gobierno en lo que va del año.
El 26 de septiembre, la comida de las cárceles de Chiriquí fue adjudicada a Moovi, S.A., por $31 millones 994 mil 77 dólares con 50 centavos. Esa empresa fue inscrita en octubre de 2016 y su presidenta es María Auristela Delgado Diez.
Mientras tanto, Colón sigue en proceso. Ahí sí hay competencia. Dos consorcios están en la puja: C&J Food Services Panamá, con una propuesta de $29 millones, y Consorcio Panameño de Alimentación Colón, que pidió $33.6 millones.
En Panamá, la comida en las cárceles se ha convertido en un negocio grande, de contratos largos, montos altos y, a veces, con un solo comensal sentado a la mesa. Todo legal. Todo firmado.
