Denuncian ante la Corte a 71 diputados
Se arrecia la guerra de los practicantes de profesiones liberales en Panamá contra las leyes que han hecho obligatorio el uso de la factura electrónica.
Ayer, un grupo de abogados liderado por Gonzalo Moncada Luna y José Luis Galloway presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por presunta comisión de abuso de autoridad contra los 71 diputados de la Asamblea Nacional, por haber aprobado tres leyes de 2021 sobre temas de transparencia fiscal.
Se trata de la ley 254, la cual introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales; la Ley 256 que establece la obligatoriedad de la factura electrónica, y la Ley 257 que fija un periodo de regularización tributaria para los contribuyentes.
Galloway, junto con Gonzalo Moncada y otros abogados, explicaron que la semana pasada ya habían tratado de poner la denuncia, pero no la recibieron en el Órgano Judicial.
Según Galloway, los diputados violaron el artículo 163, numeral 1 de la Constitución Nacional, que establece que los diputados no pueden aprobar leyes que violen el espíritu de la Constitución. Agrega el abogado que los diputados se exponen a las sanciones del artículo 355 del Código Penal sobre abuso de autoridad.
"Hoy esto es histórico, eso sienta un precedente", indicó Galloway. Debe romperse ese pacto de no agresión (con los diputados). Que haya esa independencia judicial".
"Quieren que el abogado diga toda la información de su cliente, por favor. Eso es inconcebible. Además quieren imponer multas exorbitantes, quieren crear facturaciones sistemáticas y no estamos de acuerdo con eso", agregó.
Por otro lado, la Central General de Trabajadores de Panamá (CTRP) y el Sindicato de Artesanos de Panamá (SINAP) también rechazaron la ley 256 sobre factura electrónica.
"Esta Ley coincidimos, viola el artículo 40 de la Constitución Política de Panamá, el numeral 2 de la Ley No. 25 del 26 de agosto de 1994, que regula el comercio y el artículo 25 de la Ley 11 de artesanía, del 22 de febrero de 2011", señalan ambos gremios en un comunicado.
"Además, el SINAP, como parte de la CTRP, ha dejado claro los inconvenientes de la aplicación de esta Ley, ya que este oficio es, mayormente, una actividad de subsistencia, en muchas ocasiones la comercialización de los productos se realiza en áreas rurales recónditas, donde acceder a la electricidad o el internet; es casi imposible, por otro lado, un número significativo tiene limitado acceso a las tecnologías de la información y comunicación cuyas ventas en su mayoría, representan un bajo valor monetario, que expedir una factura resultaría más costoso que la ganancia".
"También es necesario señalar que una de las actividades con mayor afectación, durante la crisis económica; derivada de la pandemia del Covid-19, es la Artesanal, cuyas autoridades, llamadas a ser las responsables de promover y salvaguardar su condición de transmisores y guardianes de la herencia cultural panameña, no han cumplido con su responsabilidad".
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