Panamá crea comisión para avanzar en el ingreso a la OCDE
El Gobierno de Panamá arrancó su plan para integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la creación de una Comisión Permanente de alto nivel, que tendrá como propósito planificar, asesorar y coordinar acciones e iniciativas para el proceso de adhesión del país al organismo internacional.
La medida quedó establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 12 del 9 de marzo de 2026. El Gobierno estableció que la comisión estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social, Educación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidades que considera abordan temas clave para la modernización del Estado y cumplimiento de los estándares exigidos por el organismo internacional.
"La Comisión dictará las directrices y criterios generales que orientarán la participación de los entes y órganos de la administración pública en el proceso de adhesión a la OCDE", detalla el documento.
Además, dictará directrices y criterios generales que orienten la participación de los entes y órganos de la Administración Pública en el proceso de adhesión de Panamá a la OCDE.
El decreto también indica que le corresponderá al Ministerio de la Presidencia (adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores), mediante la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, coordinar y supervisar la ejecución de dichas directrices, garantizando su cumplimiento en todas las entidades involucradas.
Se destaca que la Secretaría Ejecutiva de la comisión deberá elaborar informes de avances del proceso, que serán entregados periódicamente al presidente José Raúl Mulino.
El documento destaca que la futura adhesión de Panamá a la OCDE “representa una oportunidad estratégica” para fortalecer su institucionalidad, elevar la competitividad, atraer inversión directa y consolidar su posición en la economía global”.
Y que la incorporación al organismo implica la adopción de reformas en áreas claves como la gobernanza, justicia, educación, ambiente y la lucha contra la corrupción.
“Contribuyendo al proceso de modernización del Estado panameño y el fortalecimiento de la confianza internacional”, reza el escrito.