Panamá necesita enfrentar la realidad, dialogar y construir consensos
El 2025 dejó cicatrices, pero también aprendizajes. El 2026 tiene que ser el año en que Panamá pase del conflicto a los consensos, dicen los empresarios.
Para Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), el 2025 no fue un año cualquiera. Fue un período intenso, cargado de tensión social, decisiones difíciles y un cansancio colectivo que hoy se siente en la calle.
A pesar del panorama, sostiene que Panamá sigue teniendo una salida clara: enfrentar la realidad, dialogar y construir consensos.
A su juicio, uno de los errores que el país no puede seguir repitiendo es resolver los grandes temas nacionales desde la confrontación.
La reciente reforma a la Caja de Seguro Social dejó en evidencia una falla que se arrastra desde hace años: se discute tarde, cuando el conflicto ya explotó. Panamá, dice, necesita más datos, más escucha y menos imposición.
El 2025 también estuvo marcado por un entorno internacional complicado. Los cambios en la agenda de Estados Unidos obligaron al país a moverse con cautela. Hubo decisiones que generaron inquietud, pero también quedó claro que Panamá mantiene su madurez institucional.
El Canal es de Panamá, no como consigna política, sino como parte de su identidad y su futuro.
En lo económico, el balance terminó siendo más favorable de lo que muchos anticipaban. Tras meses golpeados por protestas y cierres —con impactos fuertes en provincias como Bocas del Toro— la economía mostró capacidad de recuperación.
Al tercer trimestre del año, el PIB real creció 3.9%, y el acumulado entre enero y septiembre alcanzó 4.2%, lo que permite proyectar un cierre cercano al 4% o 4.5%, aun en un escenario desafiante.
Ese crecimiento estuvo impulsado por el Canal de Panamá, la logística, el transporte, el turismo, el sector financiero y el comercio. Sin embargo, no fue parejo. La agricultura y algunas industrias retrocedieron, dejando claro que el crecimiento, por sí solo, no garantiza bienestar.
Y ahí está el punto central: si el crecimiento no se siente en el empleo, en los servicios y en el bolsillo, no cumple su función.
Cuando el ciudadano no percibe oportunidades reales ni un Estado que responda con eficiencia y humanidad, las cifras se quedan frías.
De cara al 2026, el país tiene decisiones que no admiten más postergaciones. La primera es enfrentar de frente el desempleo y la informalidad, una realidad que golpea a miles de familias. Formalizarse sigue siendo complicado, costoso y lento, lo que empuja a muchos a quedarse fuera del sistema.
La segunda es recuperar la confianza en lo público. Esa confianza no se reconstruye con discursos, sino con reglas claras, resultados visibles y un combate real contra la corrupción. En ese camino, el Proyecto de Ley 291, Ley General Anticorrupción, aparece como una oportunidad concreta para fortalecer la institucionalidad.
La tercera pasa por asumir los proyectos estratégicos con responsabilidad y transparencia. El debate minero sigue abierto y dejó impactos económicos reales en provincias del interior.
Cualquier decisión futura, advierten, debe basarse en auditorías claras y reglas firmes. En contraste, proyectos como Río Indio muestran la importancia de planificar con visión país, garantizando agua para el Canal y la población, sin atropellar a las comunidades.
Finalmente, el acuerdo alcanzado en la mesa del salario mínimo dejó una señal positiva: cuando el diálogo se basa en la realidad económica, es posible llegar a acuerdos.
El 2025 dejó cicatrices, pero también aprendizajes. El 2026, coinciden desde el sector empresarial, tiene que ser el año en que Panamá pase del conflicto a los consensos, y donde el progreso se sienta en la calle, en el trabajo y en los hogares.
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