Marineros desafían operaciones de la mina
Minera Panamá, que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, anunció esta semana en un comunicado que sus operaciones han disminuido debido a un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto".
Una docena de pequeñas embarcaciones fondean desde hace semanas en el Caribe panameño para impedir que algún barco acceda al puerto que opera Minera Panamá, filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), sumándose así a las protestas que tienen semiparalizado Panamá en rechazo a un polémico contrato entre el Estado y la minera.
Las redes sociales han bautizado a estos pescadores como los "guerreros del mar", que con su protesta han obligado a la minera a reducir sus operaciones de procesamiento de minerales.
Minera Panamá, que opera esta mina de cobre considerada la mayor a cielo abierto de Centroamérica, anunció esta semana en un comunicado que "esta reducción de operaciones se debe a un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto".
"Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía, que es necesario para el pleno funcionamiento y para el manejo seguro del medio ambiente (...) Además, las acciones ilegales han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques", denunció la compañía.
"Vinimos a defender la vida, el agua, el aire que respiramos y que queremos para nuestros hijos y nuestra familia (...) Sabemos que aquí inicia el proceso de minería en Panamá", dijo a EFE el marinero y profesor Carlos Cruz, oriundo de un pequeño pueblo de la zona, desde una lancha frente a ese vasto puerto.
Hace una semana Cruz decidió subirse a la lancha con el resto de sus compañeros al grito de "Pueblo unido jamás será vencido", para recorrer unas cuantas millas náuticas en modo de protesta "pacífica", que, según advierten, no cesará hasta que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional ese contrato.
Los marineros recuerdan que en 2017, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero de 1997, lo que obligó años más tarde a las autoridades y a la empresa a renegociar. Producto de ello, es este nuevo pacto minero, que según los ambientalistas tiene los mismos vicios que el anterior, mientras el Gobierno y la compañía defienden sus beneficios para el empleo y la economía.
La Procuraduría de Javier Caraballo tras una denuncia de la minera realizó una inspección ocular dentro de la investigación contra las embarcaciones: Joelys, Nomisoo, La Reina, El Rayo, Pequeña Rous, Niña Belki, La Sirenita Costeña, Dora Silva, La Reina del Norte, La Fantasmita, La Novia del Viento, Atlántida 507, Reina Azul, Noelia, Starfish, La Marea, Niño Edwin y Virgen del Carmen.
De igual modo investigan cuentas en el Banco General y cuentas de redes sociales de periodistas y pescadores.
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