Polémica en torno al futuro de contrato con Minera Panamá
Las negociaciones malogradas entre el Gobierno y Minera Panamá, “vuelven a reflejar una debilitada institucionalidad“, heredada de antiguas administraciones, dijo la Cámara de Comercio.
El Gobierno ordenó el jueves el cese de operaciones de la minera, después de no llegar a un acuerdo para crear un nuevo contrato para la explotación de una mina de cobre, ya que el anterior había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017.
El Ejecutivo y la subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), habían anunciado en enero un acuerdo, que nunca llegó a concretarse con una firma, que incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de $375 millones y el pago del impuestos hasta ahora exentos.
Casi nueve años le tomó al magistrado Jerónimo Mejía sacar el fallo en que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla (hoy Minera Panamá).
En el fallo se destacan las opiniones de dos Procuradoras: Ana Matilde Gómez y Ana Belfon, quienes consideraban que el contrato no era inconstitucional.
Luego casi al final de su mandato, Juan Carlos Varela presentó un proyecto que mantenía en 2% el monto de las regalías y el 29 de mayo de 2019 fue rechazado por la Comisión de Economía de la Asamblea tras el voto en contra de los diputados Iván Picota, Athenas Athanasiadis, Rosa Canto, Nelson Jackson, Mario Miller y Absalón Herrera. El único panameñista presente en la sesión, Jorge Alberto Rosas, se abstuvo. La decisión contrarió al entonces gobernante.
Octavio Amat, un experto abogado que ha logrado reconocimiento en resolución de conflictos, dijo que es de gran preocupación que el Gobierno, ante la negativa de la empresa a aceptar los términos de un nuevo contrato, haya decidido “suspender las operaciones comerciales” de la minera.
Amat reconoce que no le gustan las minas, y menos en este país pequeño, con dos mares cercanos y tan dependiente de nuestras fuentes de agua y riqueza medioambiental, más valiosas que el oro y el cobre, y más en tiempos de deshielo polar y derretimiento de cumbres nevadas, síntomas inequívocos de que el planeta se queda sin agua dulce.
Pero acepta que hay en Colón y Coclé, una mina en plena explotación, a cargo de la canadiense First Quantum, que genera muchos miles de empleos directos e indirectos, de altos salarios que, en tiempos pandémicos, son irreemplazables. Aparte de eso, está el beneficioso impacto económico y social que tiene para las provincias del interior, igual que el Canal para la franja metropolitana.
El jurista sustenta que medios internacionales hablan de gestiones que adelanta Panamá para obtener otra operadora que acepte o mejore los términos que rechaza Quantum, pero pregunta y mientras tanto, ¿quién cubrirá los salarios y prestaciones laborales de los trabajadores?, ¿qué se va a hacer de los otros miles que dependen de su oferta de servicios a la minera? Y así otras muchas interrogantes de pesadilla. El Gobierno dice que se hará cargo, pero se ahoga en subsidios y propia planilla.
A todo esto, no nos es favorable el entorno de la economía mundial, atribulada por una guerra absurda en Ucrania y una recesión global, que se anticipa prolongada y profunda. El negocio del cobre está a la baja. Con todo, seamos optimistas. La suspensión puede verse como una huelga sindical, otra manera de negociar, con revólver en mano. Pero hay que ponderar la capacidad de la contraparte de hacer lo mismo. La gama es infinita, desde acciones judiciales y arbitrales, a presiones internacionales y la intervención de las fuerzas sociales afectadas, explica Amat.
Para el abogado, jugar duro es válido, pero hay que saber moverse. Yo podría desear que Panamá opere su mina, pero los gobiernos no sirven para eso. No podemos ni manejar la basura, por no mencionar los ingenios azucareros estatales, energéticos y de comunicaciones, de Salud, Educación y Agua.
Hay que buscar otro operador o dar con alguna fórmula de negociación, así sea provisoria, de breve plazo, que supere el actual escollo, mientras llega el próximo gobierno y ambas partes exploran otras alternativas, incluyendo encontrar otro operador que pague a la actual empresa sus derechos, y haga posible un finiquito de descargo que evite exponer al país a las indeseables y costosas demandas arbitrales, siempre de pronósticos reservados, alega Octavio Amat.
En tanto, el secretario general de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho considera que algo huele mal en las negociaciones con Minera Panamá.
Ningún panameño debería oponerse a que el Estado reciba más fondos provenientes de las regalías de la actividad minera o cualquier otra actividad económica concesionada, pero debemos oponernos, es a que el gobierno "Carrizo - Cortizo", pretenda decirnos que debemos cerrar filas junto a ellos, apunta el opositor.
Según Camacho, las luchas nacionales que nos deben unir a todos, tienen que estar motivadas en los intereses del país y del pueblo; no en la defensa de negocios personales que podrían negociarse bajo la mesa.
Camacho pregunta por qué transcurrieron casi 11 meses, sin que el gobierno, formalizara el acuerdo alcanzado en enero de 2022. Si el anhelado aumento de las regalías era parte fundamental del acuerdo, ¿cuál es el asunto desconocido por los panameños que nos hace perder millones de dólares, al impedir durante 11 meses, la rápida formalización de los nuevos términos del contrato con Minera Panamá?
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