Alcaldes y diputados han sido irresponsables con la rendición de cuentas

La Contraloría General de la República aclaró que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora.

Dicha aclaración se da luego de los señalamientos de que algunos diputados, en su mayoría de la Coalición Vamos, no han cumplido con la rendición de cuentas.

Y de acuerdo con los registros oficiales de Rendición de Cuentas, se mantiene información pendiente de presentación dentro del plazo establecido por parte de algunos candidatos electos por libre postulación.

La entidad señala que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA) y los diputados de Vamos, Alexandra Brenes y Luis Duke, entregaron la documentación correspondiente el día 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, dicha entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa correspondientes.

Además, dicho informe revela que las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.

Mientras que algunos representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación, situación que constituye un incumplimiento a la obligación prevista en la normativa vigente.

La Contraloría informó que las personas naturales o jurídicas que no cumplieron con la entrega de la rendición de cuentas dentro del plazo establecido serán sometidas a los procesos de revisión correspondientes, incluyendo auditoría forense, conforme a los procedimientos internos y al marco legal vigente.

Contraloría reiteró que la rendición de cuentas ante esta institución es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se desarrolla ante el Tribunal Electoral.

Por último, la Contraloría aclaró que estas actuaciones no responden a señalamientos ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular, sino que forman parte del cumplimiento de su mandato constitucional.