Corte Interamericana califica como positiva gestión panameña

El Tribunal determinó la responsabilidad internacional de Panamá, por falta de demarcación y titulación de tierras correspondientes a Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano

Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento de la Sentencia, del caso de los Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, en la ciudad de Panamá. En dicha sentencia, el Tribunal determinó la responsabilidad internacional de Panamá, por la falta de demarcación y titulación de las tierras correspondientes a los Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, al igual que la falta de garantía por parte del Estado para que el Pueblo indígena Emberá pudiera ejercer el goce efectivo de sus tierras ante la adjudicación de estas a favor de particulares. La Corte también ordenó al Estado cumplir con determinadas medidas de reparación. Panamá comunicó en esta audiencia, entre otros puntos, que el 13 de octubre de 2015 dio cumplimiento a las reparaciones relativas a: realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, el cual estuvo presidido por el Presidente de la República; pagar las indemnizaciones por concepto de daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos. También mostró los resultados del resto de las ordenanzas plasmadas en la sentencia del 14 de octubre de 2014. Mientras que, los representantes de las comunidades Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano reconocieron el interés del Estado panameño por cumplir cada uno de los puntos sustentados en la sentencia, al tiempo que solicitaron a la Corte que sean cumplidas en el menor tiempo posible el resto de las obligaciones por parte del Estado panameño. Por su parte, los integrantes de la Corte y de la Comisión de los Derechos Humanos sugirieron a Panamá que incluya todos los puntos acordados en esta audiencia privada, en el informe que será presentado a este organismo, en el mes de diciembre cuando termina el plazo de un año otorgado al Estado para cumplir con todas las obligaciones plasmadas en su sentencia. Previo a esta ordenanza calificaron como positiva la gestión de la actual Administración en torno a este tema, la cual comenzó con la invitación inédita por parte del Estado a una audiencia de cumplimiento de sentencia.