DGI recula con su policía tributaria
Luego de múltiples alertas en el sector privado y de advertencias incluso de la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Ingresos echó para atrás la creación de una "policía tributaria": cinco funcionarios con verdaderos "superpoderes" para perseguir la evasión y defraudación.
La Resolución No. 201-1160 del 26 de febrero de 2024, publicada ayer en Gaceta Oficial, deroga cinco resoluciones de la DGI que se aprobaron en enero, incluyendo la Resolución No. 201- 0472 de 22 de enero de 2024.
Esta última resolución ahora derogada nombraba a Flor Ceballos, Elisa Solís, Ricardo Solís, Nathalie Machuca y Yuliza González, como los funcionarios de instrucción de una suerte de "Policía Tributaria".
Si no se hubiera derogado esta resolución, los cinco habrían tenido facultad de realizar arrestos, cateos, portar armas, practicar diligencias, tomar declaraciones y testimonios, así como los demás actos que conduzcan a determinar la responsabilidad tributaria de los autores y partícipes de la conducta investigada, así como podrá hacer allanamientos, pesquisas y decomisos provisionales.
Además hubieran podido citar a los contribuyentes responsables y terceros en general, para que contesten bajo juramento, cuando ello corresponda, todas las preguntas que les formulen sobre rentas, ventas, ingresos, egresos y en general, sobre todas las circunstancias vinculadas al hecho investigado.
La resolución los facultaba también a auditar libros, anotaciones, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables, además de otras facultades jamás vistas en un funcionario de la DGI.
La Resolución No. 201-1160 del 26 de febrero de 2024 lleva la firma del director de la DGI, Publio De Gracia Tejada.
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