Extraen ilegalmente 500 mil metros cúbicos de arena en Punta Chame
Vecinos denuncian daños ambientales y alteración de la playa por un proyecto turístico.
El mayor caso documentado de extracción ilegal de arena en Panamá se registra en Punta Chame, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde se estima que alrededor de 500 mil metros cúbicos de arena han sido removidos del lecho marino para la construcción de un relleno de playa de 2.5 kilómetros lineales.
La actividad es atribuida a la sociedad Megamar Corp., que habría utilizado el material para ampliar la franja costera frente a un proyecto turístico frente al mar, sin contar con una concesión del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), requisito legal para la extracción de arena marina en el país.
De acuerdo con información recabada en el área, la extracción se habría realizado de manera sostenida desde aproximadamente el año 2016, sin autorización oficial, lo que ha generado preocupación entre residentes y organizaciones comunitarias de Punta Chame.
Vecinos del sector han señalado que presentaron denuncias por daños ambientales hace varios años, alertando sobre el impacto que estas actividades estaban provocando en el ecosistema costero.
Según los testimonios, Megamar Corp. contrata maquinaria pesada, principalmente tractores, que esperan la bajamar para ingresar a la zona de marea y trasladar la arena directamente desde el lecho marino hasta el área de relleno, ubicado frente al polígono del proyecto turístico.
La extracción ha provocado un cambio significativo en la morfología de la playa, visible al comparar imágenes satelitales de Google Earth de 2013 y 2024. Hasta el año 2016, Punta Chame era reconocida como zona de anidación de tortugas marinas, condición que se ha visto seriamente afectada.
En términos económicos, el precio de mercado de la arena de lecho marino, cuando es extraída legalmente por empresas con concesión del MICI, ronda los 10 dólares por metro cúbico. Bajo ese parámetro, los 500 mil metros cúbicos extraídos ilegalmente tendrían un valor estimado de 5 millones de dólares, sin contar posibles sanciones administrativas, civiles o penales.
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