Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa
Funcionarios y diputados analizan reformas a la Ley de Carrera Administrativa para que deje de ser usada como escudo político.
Funcionarios públicos y diputados continuaron el debate para modernizar la Ley de Carrera Administrativa, con el objetivo de evitar que siga siendo utilizada como un “blindaje político” para proteger a servidores sin méritos ni evaluaciones objetivas.
La discusión se desarrolló en la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde representantes de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) y miembros de la Asamblea Nacional analizaron cambios clave relacionados con el derecho a la apelación, la desacreditación y vacíos legales que han generado controversia durante años.
Aunque el diálogo avanza sin mayores confrontaciones, Rubén Darío Quijada, secretario general de Fenasep, lanzó una advertencia al señalar que el proyecto actualmente en discusión no es el mismo que fue trabajado durante cinco meses y remitido al Órgano Ejecutivo.
“El proyecto que enviamos es totalmente distinto al que hoy se discute en la Asamblea”, afirmó Quijada, quien reconoció la necesidad de actualizar una ley que data de 1999, pero recordó la postura del presidente José Raúl Mulino, quien ha reiterado que no siempre se requieren nuevas leyes, sino una correcta aplicación de las existentes.
El dirigente gremial explicó que la mala imagen de la Carrera Administrativa se originó cuando, durante los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, se incorporaron cerca de 20 mil funcionarios aprovechando mayorías legislativas, situación que estalló políticamente en la administración de Ricardo Martinelli.
“Los funcionarios son el eslabón más débil. Las leyes deben protegerlos, no castigarlos”, recalcó Quijada, insistiendo en que la permanencia en el Estado debe sustentarse en el mérito, la evaluación y el trabajo, y no en el clientelismo político.
Por su parte, el diputado Edwin Vergara aseguró que el proceso será abierto, transparente y participativo, dejando claro que el proyecto no es una norma inamovible.
“Hemos abierto un diálogo real. Todos los gremios pueden enviar recomendaciones artículo por artículo para construir una ley equilibrada”, sostuvo el diputado, quien subrayó que uno de los objetivos centrales es acabar con la percepción de que la Carrera Administrativa funciona como un escudo político.
La discusión apenas comienza, pero el futuro de miles de funcionarios públicos y la credibilidad del sistema de Carrera Administrativa están hoy sobre la mesa.
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