Johnson & Johnson enfrenta millonaria demanda por talco contaminado
La demanda sostiene que J&J conocían desde 1960 la presencia de fibras carcinógenas en su talco.
Más de 3.000 personas presentaron este jueves ante el Tribunal Superior británico una demanda colectiva contra Johnson & Johnson (J&J) y su antigua filial Kenvue UK, acusando a la farmacéutica estadounidense de vender intencionadamente talco contaminado con asbesto en el Reino Unido.
Los demandantes reclaman daños y perjuicios, argumentando que el uso continuado de estos productos entre 1965 y 2023 provocó cáncer de ovario, mesotelioma y otras enfermedades, según medios británicos.
La demanda sostiene que J&J y sus filiales conocían desde la década de 1960 la presencia de fibras carcinógenas, como tremolita y actinolita, en su talco, un mineral natural extraído de la tierra. A pesar de ello, la empresa habría ocultado esta información y continuado comercializando el producto sin advertencias al público.
Alegan supresión de información
En los documentos presentados ante la corte, recogidos por la BBC, Michael Rawlinson, abogado de los demandantes, afirma que «existen muy pocos, si es que hay alguno, depósitos de talco explotados comercialmente en el mundo que no contengan asbesto», y que todos los yacimientos que suministraban a los demandados lo contenían.
La OMS evalúa el talco como «probablemente **cancerígeno»». Además, señalan que la empresa «suprimió información que podría indicar que el talco para bebé estaba contaminado con asbesto» e «hizo presión ante los reguladores» para permitir la venta continua del producto.
Por su parte, un portavoz de Kenvue, que anteriormente formaba parte de J&J, afirmó que «el talco utilizado en el talco para bebé de Johnson & Johnson cumplía con las normativas requeridas, no contenía asbesto y no causa cáncer».
Se trata de la tercera demanda colectiva conocida en el Reino Unido en las últimas semanas, tras la presentada por más de 1,6 millones de conductores británicos contra fabricantes de coches por presunto fraude en emisiones diésel, y la de unos 4.000 residentes y empresarios contra productoras avícolas y la compañía de aguas Welsh Water por contaminación fluvial en la frontera entre Inglaterra y Gales.
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