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Américas: Autoridades deben proteger a trabajadores sexuales frente al COVID-19
“Las mujeres cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual son sistemáticamente marginadas, estigmatizadas y enfrentan múltiples barreras al momento de ejercer sus derechos
Ante el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, Amnistía Internacional y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) urgen a los Estados de las Américas a tomar medidas inmediatas que garanticen los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el contexto de COVID-19. En particular, deben garantizar el acceso a servicios de salud adecuados y sin discriminación, acceso a seguridad y protecciones sociales, así como protección frente a violaciones de derechos humanos, como la tortura que en este caso es basada en género, cometidas por fuerzas de seguridad en el marco de estados de excepción.
“Las mujeres cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual son sistemáticamente marginadas, estigmatizadas y enfrentan múltiples barreras al momento de ejercer sus derechos. La pandemia del COVID-19 agrava esta desigualdad de forma preocupante. Los Estados de las Américas tienen la obligación de proteger a todas las mujeres, sin importar su ocupación, de la violencia y la precarización que la discriminación basada en género causa”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Ninguna mujer debe ser dejada atrás en el proceso de construir una región más equitativa en la respuesta durante y luego de la pandemia.”
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En las Américas, donde la respuesta al COVID-19 ha requerido cuarentenas y toques de queda, muchas personas que laboran en la economía informal temen por sus medios de sustento, sus empleos y sus salarios, porque no pueden trabajar. A consecuencia de ello, a las trabajadoras sexuales les puede resultar más difícil protegerse frente a la exposición al COVID-19 si no cuentan con servicios de salud preventiva, o insumos de cuidado, como desinfectantes, o si la pérdida del empleo da lugar a desalojos de vivienda a causa de los atrasos en el pago del alquiler o la hipoteca.
“El 98% de las mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe sostenemos nuestros hogares, y en este momento de cuarentena no podemos trabajar. La pandemia por COVID19 ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que vivimos en nuestra sociedad. Conmemoramos nuestra fecha en medio de una crisis mundial, la cual estamos enfrentando solas y entre nosotras ante el silencio de los gobiernos de la región. Ahora más que nunca queda demostrada la urgencia del reconocimiento del trabajo sexual”, dijo Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la RedTraSex.
Amnistía Internacional y la RedTraSex reiteran el llamado a los gobiernos de la región para que este contexto sirva para atender desafíos estructurales, incluida la ampliación del acceso a la seguridad social y a protecciones sociales, y hacerlo de manera inmediata para mitigar el impacto económico que las medidas de contingencia han tenido en miles de mujeres en la región que viven al día, como las trabajadoras sexuales, y no pueden trabajar desde casa durante la cuarentena.
Tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la obligación de los Estados de implementar políticas que reduzcan el impacto desproporcionado que esta pandemia puede tener en las mujeres y que atiendan a sus necesidades específicas, particularmente quienes participan del sector económico informal y enfrentan altos riesgos de vivir violencia basada en género, como las mujeres que ejercen trabajo sexual.