Contraloría pide a la 'U' entregar documentación para audito
La Contraloría General de la República solicitó a la UP, la ubicación oportuna de la documentación que se requiere para la culminación de las auditorías.
La Contraloría General de la República solicitó a la Universidad de Panamá (UP) la ubicación oportuna de la documentación que se requiere para la culminación de las auditorías -iniciadas el pasado 16 de marzo- encaminadas a determinar supuestas irregularidades por posible corrupción administrativa en esa casa de estudios superiores. En una misiva dirigida al rector de la UP, Gustavo García de Paredes, el contralor General, Federico Humbert, destacó las dificultades “que hemos encontrado para la ejecución oportuna y fluida de nuestro trabajo, lo cual está retrasando el informe de auditoría”. “Nos hemos encontrado con escasa comunicación que sustenten diversas operaciones, carencia de registros ordenados de expedientes de bienes que son propiedad de la Universidad de Panamá, lo cual no permite conciliar el registro contable con la realidad física de las propiedades”, precisó el contralor Humbert. También, afirmó que el personal de la UP mantiene una posición temerosa frente a los cuestionamientos de los auditores y de recelo para entregar documentación para exploración. Señaló que la Norma de Control Interno Gubernamental Número 3.3.4.6., relativa a la documentación sustentadora, establece que las entidades públicas deben aprobar los procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación sustentadora que los respalde, para su verificación posterior. “En virtud de lo anterior, solicitamos la ubicación oportuna de la documentación que requerimos para la culminación de las auditorías en ejecución, e instruir a los funcionarios de las diferentes áreas administrativas a proceder a una cooperación fluida y entrega, sin excepción, de los documentos solicitados”, afirmó el contralor. Destacó que la Norma de Control Interno Gubernamental dispone que la administración será responsable de salvaguardar la documentación debidamente ordenada y disponible para los tribunales competentes y la Contraloría General de la República, de acuerdo a las disposiciones que rigen sobre la materia. El contralor Humbert indicó que su solicitud debe ser acatada en atención a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 32 de 1984, que indica que todos los servidores públicos prestarán a la Contraloría la cooperación que ésta solicite en el cumplimiento de sus atribuciones y le suministrarán los informes, documentos, registros y demás elementos de juicio que requieran con tal finalidad. Finalmente, manifestó que este artículo faculta al contralor General a sancionar con multa a los servidores públicos que infrinjan esta norma.