Ecuatoriano torturado en Panamá amplía testimonio de caso
Jesús Vélez Loor, quien fue torturado en Panamá tras su detención en 2002 y llevó al país a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010, dijo que amplió sus declaraciones sobre caso y que brindó nombres de los responsables al MP de Panamá
El ecuatoriano Jesús Vélez Loor, quien fue torturado en Panamá tras su detención en 2002 y llevó al país a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010, dijo que amplió sus declaraciones sobre el caso y que brindó nombres de los responsables al Ministerio Público de Panamá. Vélez, quien llegó hoy procedente de Bolivia, donde reside por gestión del Gobierno de Panamá, dijo a los periodistas que ya le dio al fiscal del Ministerio Público (MP) encargado de las investigaciones, Justo Marcial Ortega, "nombres y apellidos" de las personas que están involucradas en este caso de torturas de las que fue víctima entre 2002 y 2003. "Yo fui torturado en el momento que fui detenido (en la población panameña de Nueva Esperanza, en Darién, cerca a la frontera con Colombia), el 10 de noviembre de 2002 (...) en una cadena de torturas acusado de estar vinculado con la guerrilla de Colombia y ser peligroso para el orden público", indicó Velez. El ecuatoriano mencionó a Ilka Rosanna Varela de Bares, que en ese entonces era la directora de Migración y hoy es embajadora de Panamá en Portugal, quien, afirmó, es "una de las principales responsables" por ordenar su detención y con ello "llevar la ruina" a su vida por las torturas que sufrió. Añadió que ya ha dado todos los datos de otras autoridades que también le torturaron y le rompieron el cráneo por declararse en huelga de hambre en el sector de la Palma, en la provincia panameña del Darién, entre los que están, dijo, un teniente de apellido Patiño y un cabo de nombre Alirio. Además, Vélez, de 49 años de edad, que esta en Panamá por primera vez después que fue liberado en 2003, señaló que esta semana viajará a Darién para participar en una reconstrucción de los hechos, y que en la capital visitará la cárcel La Joyita, donde estuvo detenido. Agradeció al Gobierno y las autoridades panameñas por traerlo a Panamá y por estar dispuestas a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la OEA que pide continuar con las investigaciones de las torturas que ha denunciado. Vélez fue detenido en noviembre de 2002 en Panamá por orden de autoridades de migración del país, que le acusaron primero de vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de ser peligroso para el orden y la seguridad pública panameña. El ecuatoriano fue liberado en 2003 y enviado a Ecuador, pero en 2006 viajó a Bolivia, con estatus de refugiado, por no haber conseguido apoyo del entonces Gobierno de su país. En agosto de 2010, la CorteIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó el testimonio del ecuatoriano y, cuatro meses después, falló a su favor condenando a Panamá por tratos crueles e inhumanos. La sentencia obligó a Panamá a indemnizar con 59.000 dólares a Vélez por sufrir torturas, pagados en su totalidad, aseguró hoy el ecuatoriano, quien resaltó que además de esto el Gobierno panameño ha cumplido con otros puntos de la sentencia, como derogar el decretó ley que condenaba a los migrantes y por el que fue detenido. Por su parte, el fiscal primero de Darién y encargado del caso, Justo Marcial Ortega, dijo que las investigaciones se realizan a profundidad desde 2012 para "determinar responsabilidades" y que están "muy adelantadas". Sin embargo, Ortega, invocando la reserva de sumario, no quiso pronunciarse sobre si se contempla llamar a declarar a Varela de Bares. "La CorteIDH profirió una sentencia, Panamá respetuosamente la ha acatado y ha cumplido al pie de la letra cada uno de los puntos, y hasta su culminación total no vamos a estar conformes", afirmó Ortega. En ese sentido, el fiscal destacó que en esta ocasión Vélez realiza en Panamá una ampliación de la declaración que, mediante asistencia judicial, brindó sobre el caso en octubre de 2014 ante las autoridades bolivianas. EFE