Mulino apoya debatir implementación de cadena perpetua en el país
El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves al anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional que propone instaurar cadena perpetua en Panamá para los delitos de extrema gravedad, como el femicidio o el homicidio agravado.
En la conferencia semanal, Mulino señaló que en el país no prohíbe la pena de cadena perpetua, pero sí de muerte.
Destacó que el actual incremento de las penas en el Código Penal, de hasta 50 años de prisión en algunos casos, ya constituye, en la práctica, una forma de reclusión permanente.
“Quiero pensar que, en gran medida, el aumento que se ha dado en el Código Penal para delitos muy graves, como el femicidio, que vivimos a cada rato como un problema social, puede compensar en parte”, manifestó Mulino.
Añadió: “Mi sentimiento es que este tipo de gente ni tiene derecho ni a vivir. Alguien que se ensaña con una persona, con un niño o una niña, que la viola o la destroza, esa persona no es un ser humano. Mi simpatía está en este proyecto”, expresó el mandatario.
Por otro lado, dijo que esperará la discusión en la Asamblea antes de emitir una decisión definitiva.
Dijo que si la propuesta es aprobada en la Asamblea, será evaluada junto con magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes de su eventual sanción o veto.
“Habrá que ver cómo la Asamblea elabora el texto. Antes de calificarlo, lo revisaré con los jueces de la Corte”, expresó.
Unidad de Asuntos Legales
Por otro lado, el presidente se refirió a la recién creada Unidad de Asuntos Legales y aclaró que no constituye una “procuraduría paralela”, como la que se creó en la administración del expresidente Juan Carlos Varela.
“Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos como lo hizo Varela junto con la procuradora de aquel entonces y toda una recua de personas que desde la Presidencia y fuera de ella contribuyeron a eso”, sentenció.
Destacó que esta nueva figura busca fortalecer la defensa de los intereses del Estado en procesos penales relacionados con delitos contra la administración pública.
“La intención es que esta unidad actúe como representante directo de la institución afectada por el delito, promoviendo acciones resarcitorias y garantizando el seguimiento más riguroso de los casos, sin duplicar funciones ni generar organismos innecesarios”, añadió.