Procuraduría colombiana pide detener funcionarios de Uribe por escuchas
La Procuraduría General de Colombia se sumó hoy a la Fiscalía para solicitar la detención de la exdirectora de la central de inteligencia María del Pilar Hurtado y del que fuera secretario general de la Presidencia en el Gobierno de lvaro Uribe, Bernardo Moreno, por un escándalo de escuchas ilegales.
Los defensores de los dos imputados, por su parte, señalaron que sus clientes no deben ser detenidos y remarcaron que "no representan peligro" para la sociedad.
El delegado de la Procuraduría, Jorge Alberto González, solicitó la captura de los dos exfuncionarios durante la reanudación de la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá.
Las actuaciones de Hurtado y de Moreno, según el delegado del Ministerio Público, "son de la suficiente gravedad" y existen "méritos suficientes" para privarlos de libertad.
Tanto a la audiencia de la semana pasada, como a la de hoy, sólo compareció Moreno, ya que Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), está asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
Según González, Hurtado, "sin razón válida", no se ha presentado a las diligencias.
Jaime Camacho, abogado de Hurtado, por su parte, señaló que solo hay una versión del exjefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, que incrimina a su defendida.
Según el letrado, Hurtado "nunca" impartió instrucciones para hacer seguimientos e interceptar teléfonos y correos de magistrados, políticos opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas.
La semana pasada, la fiscal general, Viviane Morales, consideró que la exdirectora del DAS es responsable de "concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica", así como de utilizar forma indebida dineros públicos para soborno.
Entre 2007 y 2009, Hurtado "ordenó interceptaciones de correos electrónicos y de comunicaciones", además de "seguimientos patrimoniales sin que esas actividades tuvieran órdenes judiciales" pese a que sabía que eran acciones "de inteligencia indebida", agregó la fiscal general el pasado 24 de mayo.
Para el abogado Camacho, antes de que Hurtado llegara a la dirección del DAS, "ya se venían realizando labores de inteligencia" a magistrados y a la exsenadora Piedad Córdoba, entre otras de las víctimas de esa conducta.
Según Camacho, esa operación "probablemente es una de las más legítimas de la historia", y explicó que no hay nada que pruebe que hubo órdenes ilegalmente impartidas, pues añadió que los mismos exfuncionarios del DAS involucrados en el escándalo han señalado que estaban "convencidos" de que eran acciones lícitas.
Moreno, por su parte, y quien en la audiencia del 24 de mayo no aceptó los cargos, está acusado de "concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones".
Según la fiscal, Moreno fue "receptor" de toda la información "obtenida ilícitamente" en el conocido caso de las "chuzadas", uno de los mayores escándalos de la era Uribe que se derivó del espionaje desde el DAS.
Por los mismos delitos fueron condenados el exjefe de contrainteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos y el también exdirector de Inteligencia del organismo, Fernando Tabares.
El Tribunal Superior de Bogotá sentenció en octubre de 2010 a Lagos a ocho años de prisión, y dos meses después impuso a Tabares una condena de ocho años y cuatro meses.
En el caso de Moreno, su abogado Jaime Granados dijo en la audiencia de hoy que su defendido "no debe ser detenido" por cuanto "no evade a la justicia".
"La sospecha debe estar fundada en hechos específicos y no en conjeturas y abstractos", añadió Granados para insistir en que su cliente no debe ser detenido, e indicó que la presentación de cargos por parte de la fiscal Morales "fue abstracta".
Según Granados, "no hay ningún elemento que vincule directamente a Moreno con interceptaciones" ilegales.
"El doctor Bernardo Moreno no dio ninguna orden para realizar alguna actividad ilegal", subrayó Granados.
Hurtado y Moreno son los exfuncionarios de más alto rango del Gobierno del expresidente Uribe (2002-2010) investigados y acusados en el escándalo de las "chuzadas".
El magistrado del Tribunal que preside las audiencias, Luis Fernando Ramírez, decidirá si acoge las peticiones de detención, mientras que abogados de las víctimas exigen al Gobierno que pida a Panamá la extradición de Hurtado.