Trabajadores de Minera Panamá exigen que se firme nuevo contrato
Trabajadores de Minera Panamá realizaron protestas simultáneas (en la ciudad capital y en la provincia de Coclé) para exigir al gobierno que firme rápidamente un nuevo contrato con esta empresa, subsidiaria de First Quantum Minerals, actualmente bajo negociación.
Fueron manifestaciones frente a las oficinas de Minera en Punta Pacífica, y en la ciudad de Penonomé. Según la vocera de los trabajadores, Nixia Oglive, la situación los está obligando a un paro inminente de operaciones a partir de la próxima semana.
"La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está parando los embarques, no se cuenta con la capacidad para almacenar, porque se está a su máximo nivel y no tenemos donde poner el cobre", dijo Oglive. "Si no exportamos no se venden, si no se venden con qué nos pagan".
"Somos 7 mil colaboradores y junto a nuestras familias la cifra de afectados fácilmente ronda los 35 mil, sumado a los proveedores y contratistas que seríamos más de 50 mil personas. Esto es una afectación grande, todo esto porque las partes no se deciden con la negociación y nos tienen con incertidumbre", agregó.
La vocera señaló que hay colaboradores que están siendo llamados por los bancos para quitarle sus préstamos de auto y casas.
Otro manifestante, el trabajador del área de reclutamiento, John Barrera, destaca que la incertidumbre ha paralizado la contratación de 500 trabajadores, en su mayoría de zonas rurales alrededor de la mina.
"La gente necesita que el trabajo siga, que se mantenga. Esto está perjudicando la economía de la región", dijo Barrera.
Minera Panamá reportó en 2022 una ganancia bruta de $1,065 millones , aunque inferior 27% en relación con igual etapa precedente, según un informe oficial. Las utilidades de 2021 fueron de $1,449 millones.
El gobierno y la minera negocian desde hace 13 meses un nuevo contrato y tras un acuerdo en principio que estableció un pago mínimo anual al Estado de $375 millones.
Ese pago sería compuesto por regalías calculadas en base a las ganancias que podrían oscilar entre el 12 y 16% más el pago de impuestos.
Un contrato firmado en 1997 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
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