Tras 7 años se cierra el caso pinchazos

Tras quedar en firme la sentencia absolutoria de Ricardo Martinelli en el caso pinchazos, quienes se prestaron para su persecución política por más de siete años, enfrentarán procesos civiles y penales, manifestó el abogado Roiniel Ortiz.

Ayer, el Sistema Penal Acusatorio, a través de la Segunda Oficina Judicial de Panamá, informó que la sentencia absolutoria, dictada a favor del expresidente se encuentra debidamente ejecutoriada.

"Tras 7 años de intensa persecución política, donde se violaron todos mis derechos y garantías, se me extraditó y encarceló ilegalmente por dos años, fui sometido injustamente a dos juicios que demostraron mi inocencia, finalmente se cerró el caso chimbo conocido como pinchazos”, indicó el expresidente a través de su cuenta de Twitter.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del caso 138-15 conocido como pinchazos, el 24 de noviembre del año 2021.

Sin embargo, la sentencia no había podido quedar ejecutoriada, debido a que la querellante Balbina Herrera, a través de su abogado Nicomedes Castillo, presentó una advertencia de inconstitucionalidad y un recurso de casación, los cuales le fueron negados.

Ante esta decisión, el jurista Ortiz indicó que con la sentencia en firme, lo que se procederá es querellar al expresidente Juan Carlos Varela, al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, a la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell, al testigo protegido Ismael Pittí y a un grupo de fiscales.

El abogado penalista Sidney Sittón indicó que es un “fallo histórico”, pues en sus más de 33 años de ejercicio profesional, nunca había visto “tanta manipulación, maldad, perfidia y prevaricato en un solo proceso legal”.

“Este caso debe servir de estudio y análisis, tanto de docentes como de estudiantes, porque configura lo que no debe ser un proceso penal, no hubo imputación, nunca se reveló evidencias dentro del proceso hacia la defensa, hubo en juicio evidente y claras manifestaciones de falsedad por parte de testigos y peritos”, sentenció.

“Aquí se actúa dependiendo de los poderes políticos y es por eso que yo denomine que este proceso de los supuestos pinchazos telefónicos emano de un Estado Salvaje” puntualizó el jurista defensor.