Nacional
Varela recula en alza de luz
"Hacemos un llamado respetuoso al Órgano Legislativo para trabajar en conjunto y que la nueva ley de Responsabilidad Fiscal sea aprobada para beneficio del país.
El Gobierno anunció la suspensión inmediata del alza de la luz, y que el impacto de $60 millones será asumido por el Estado.
Esto en un comunicado firmado por el presidente Juan Carlos Varela, en el que básicamente echa al agua al director de la Asep, Roberto Meana; casa la solución del problema con la dispensa fiscal de $300 millones; y le tira la pelota a la Asamblea Nacional de que si no la aprueba, se verán afectadas "otras áreas del funcionamiento del Estado".
La noticia fue luego confirmada en una conferencia de prensa con ambiente de velorio en la Presidencia de la República, en la cual los que enfrentaron a los periodistas fueron el propio Meana y la nueva ministra de Economía y prima del presidente, Eyda Varela de Chinchilla.
Según el comunicado oficial, el 29 de junio fue que Varela se enteró -de parte de Meana- de la "necesidad de anunciar un ajuste de la energía, producto de las variaciones del precio del combustible a nivel internacional y por los costos relacionados al nuevo régimen de transmisión, que incluyó la entrada en operación de la Línea 3 de transmisión eléctrica".
Varela asegura que "en dicho encuentro mostré mi desacuerdo con el aumento de la tarifa eléctrica", considerando que recientemente hubo un mes de huelga en la construcción y por el "debate público" sobre el uso de fondos por los diputados.
Esto en un comunicado firmado por el presidente Juan Carlos Varela, en el que básicamente echa al agua al director de la Asep, Roberto Meana; casa la solución del problema con la dispensa fiscal de $300 millones; y le tira la pelota a la Asamblea Nacional de que si no la aprueba, se verán afectadas "otras áreas del funcionamiento del Estado".
La noticia fue luego confirmada en una conferencia de prensa con ambiente de velorio en la Presidencia de la República, en la cual los que enfrentaron a los periodistas fueron el propio Meana y la nueva ministra de Economía y prima del presidente, Eyda Varela de Chinchilla.
Según el comunicado oficial, el 29 de junio fue que Varela se enteró -de parte de Meana- de la "necesidad de anunciar un ajuste de la energía, producto de las variaciones del precio del combustible a nivel internacional y por los costos relacionados al nuevo régimen de transmisión, que incluyó la entrada en operación de la Línea 3 de transmisión eléctrica".
Varela asegura que "en dicho encuentro mostré mi desacuerdo con el aumento de la tarifa eléctrica", considerando que recientemente hubo un mes de huelga en la construcción y por el "debate público" sobre el uso de fondos por los diputados.
"Ante este planteamiento, se realizaron las consultas al Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien manifestó que no se podría cubrir la totalidad del ajuste de la tarifa sin afectar otras áreas, ya que no se contaba con el margen fiscal necesario para asumir el ajuste tarifario", cuenta el presidenta.
"En búsqueda de la tranquilidad social, que hemos mantenido en los cuatro años de gobierno a través del diálogo y el consenso y escuchando al pueblo sano y noble de este país, he dado instrucciones al director de la Asep de suspender de inmediato los efectos del ajuste tarifario".
También sostuvo que pidió a la ministra Varela de Chinchilla "hacer lo necesario" para que el Ejecutivo asuma los efectos del ajuste de la tarifa hasta que la Asamblea apruebe la dispensa fiscal.
"Debo ser claro que, de no aprobarse la dispensa fiscal solicitada por la Asamblea y de asumir el Ejecutivo la totalidad del ajuste de la tarifa eléctrica, se verán afectadas otras áreas de funcionamiento del Estado", alertó.
Según Eyda Varela de Chinchilla, tener que asumir el Ejecutivo el peso del aumento, implicará "recortes en gastos de funcionamiento" durante el segundo semestre. Esto afirmó, "impactaría el desenvolvimiento de la economía".
Aunque el gobierno vendió la idea de que el aumento solo afectaría al 25% de los usuarios que consumían de 301 kvh en adelante, un estudio del propio MEF revela que los clientes residenciales en ese rango consumen el 63.5% de la energía
Las protestas contra el alza puso al descubierto la telaraña de intereses en el negocio eléctrico que es de $1,500 millones anuales que involucra a funcionarios de la ASEP y ETESA con poderosos empresarios ligados a la generación Emanuel González Revilla y Stanley Motta, lo que motivó la presentación de un proyecto de la diputada Zulay Rodríguez, para prohibir esos conflictos intereses y que se revelen los nombres de los accionistas de las compañías ligadas al negocio eléctrico.
"En búsqueda de la tranquilidad social, que hemos mantenido en los cuatro años de gobierno a través del diálogo y el consenso y escuchando al pueblo sano y noble de este país, he dado instrucciones al director de la Asep de suspender de inmediato los efectos del ajuste tarifario".
También sostuvo que pidió a la ministra Varela de Chinchilla "hacer lo necesario" para que el Ejecutivo asuma los efectos del ajuste de la tarifa hasta que la Asamblea apruebe la dispensa fiscal.
"Debo ser claro que, de no aprobarse la dispensa fiscal solicitada por la Asamblea y de asumir el Ejecutivo la totalidad del ajuste de la tarifa eléctrica, se verán afectadas otras áreas de funcionamiento del Estado", alertó.
Según Eyda Varela de Chinchilla, tener que asumir el Ejecutivo el peso del aumento, implicará "recortes en gastos de funcionamiento" durante el segundo semestre. Esto afirmó, "impactaría el desenvolvimiento de la economía".
Aunque el gobierno vendió la idea de que el aumento solo afectaría al 25% de los usuarios que consumían de 301 kvh en adelante, un estudio del propio MEF revela que los clientes residenciales en ese rango consumen el 63.5% de la energía
Las protestas contra el alza puso al descubierto la telaraña de intereses en el negocio eléctrico que es de $1,500 millones anuales que involucra a funcionarios de la ASEP y ETESA con poderosos empresarios ligados a la generación Emanuel González Revilla y Stanley Motta, lo que motivó la presentación de un proyecto de la diputada Zulay Rodríguez, para prohibir esos conflictos intereses y que se revelen los nombres de los accionistas de las compañías ligadas al negocio eléctrico.