Espada de Damocles

La diputada Zulay Rodríguez ha venido denunciando que existe una solapada intención de convertir el impuesto de inmueble en un mecanismo de confiscación de los hogares de las familias panameñas. Frente a esta denuncia, los sectores oficialistas no han dudado en tildarla de mentirosa y manipuladora.

Empero, todo indica que el tiempo le ha dado la razón a la combativa parlamentaria. El Gobierno acaba de expedir el Decreto 130 del 6 de junio del 2017 que establece directrices para la actualización de la información catastral y crea una base de datos entre el Municipio y la Autoridad Nacional de Tierras (Anati).

El decreto de marras, entre otras cosas, faculta a la Anati para actualizar de oficio el valor actual catastral por las modificaciones que se hagan.

Igualmente, obliga a los notarios exigir como requisito para protocolizar una escritura, establecer los traspasos, el desglose del valor del traspaso, el valor de terreno y mejoras.

Para algunos puristas de la doctrina jurídica, ese decreto pasa por encima de una ley formal, como lo es la que expide el Código Fiscal, por lo tanto, es ilegal e incluso inconstitucional, teniendo en cuenta la ya clásica pirámide de Kelsen, que establece jerarquías normativas, siendo precisamente la más alta la norma constitucional, a la que todas las demás leyes deben subordinarse.

Ese decreto, al margen de su cuestionado nacimiento jurídico, es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los panameños propietarios de algún bien inmueble.

Lo cierto es que con este decreto de actualización catastral se abre aún más la puerta a los nefastos avalúos, que al actualizar los valores de las propiedades, condenan al dueño de las mismas a pagar un impuesto más alto del que había venido pagando.

Esto es peligroso porque significa que el gobierno de Juan Carlos Varela le ha mentido al país y que la “loca” Zulay Rodríguez tenía razón.