POLÍTICA CRIMINOLÓGICA Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

La dinámica de la criminalidad nos obliga a todos los ciudadanos de bien, a evitar que aquellos seres humanos sin escrúpulos, sin Dios, ni Patria, sigan corrompiendo y matando para ganar territorio y poder, sin importarles a cuantos destruyen a su paso.

La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a través del narcotráfico y delitos conexos como la extorsión, el homicidio por encargo, secuestro, robo, trata de personas, blanqueo de capitales y corrupción entre otras modalidades que promueven la violencia en todas sus manifestaciones.

Es imperativo mantener los espacios de diálogo y consenso nacional, para lograr la pronta incorporación del Proyecto de Ley 739 sobre Política Criminológica y el Proyecto de Ley 625 de Extinción de Dominio, presentados por el ministerio de seguridad pública ante el parlamento panameño.

Ambas iniciativas, le permitirán a nuestro país minimizar la incidencia criminal, los hechos de violencia y a tratar la conducta antisocial desde sus cimientos, es decir, desde la niñez y la adolescencia, para impedir que hagan del “delito un modo de vida”.

Por medio de los ejes rectores de la política criminológica en materia de Prevención y por el lado de la Represión con la Extinción de Dominio, le demostraremos a todo aquel que haya obtenido un beneficio económico proveniente del delito, que no podrá disfrutarlo si es atrapado por las manos de la justicia.

La Política Criminológica evita la improvisación, promueve la sostenibilidad y la articulación efectiva entre las diversas instituciones del “Estado” y la “Sociedad Civil”, para enfrentar de manera directa el fenómeno de la criminalidad, a través la Prevención Primaria, la educación, la justicia social, participación ciudadana, derechos humanos, el desarrollo humano sostenible y la cultura de paz.

Otro punto medular de esta iniciativa es la rehabilitación y resocialización efectiva de los privados de libertad, que por diversas causas han cometido un delito y deben responder ante la sociedad por el mal causado, promoviendo su reinserción a la sociedad como hombres y mujeres de bien.

La Extinción de Dominio de bienes ilícitos, le permitirá al Estado panameño garantizar una verdadera Certeza del Castigo y expropiar a todo aquel que se haya enriquecido por medio de actividades ilegales, debilitando el músculo financiero de dichas redes criminales y a su vez desalentar a las nuevas generaciones que aspiran o pretendan continuar en ese camino oscuro.

Es importante comprender, que los millonarios recursos financieros que se generan producto del delito, promueven la corrupción, la inseguridad y la inestabilidad democrática, porque se atenta contra el Estado de Derecho; violentando en consecuencia los derechos humanos; desencadenando una serie de hechos violentos y el caos.  

La asamblea Nacional de Diputados juega un papel preponderante, crucial e histórico en el devenir de Panamá, ya que es este órgano del Estado el responsable de incluir en nuestro ordenamiento jurídico la Política Criminológica y la Extinción de Dominio de Bienes ilícitos, para acabar con el cáncer de la corrupción y la narcomafia que esta embrionaria, que, de avanzar, puede llegar a alcanzar las más altas esferas de nuestra sociedad.

La dinámica de la criminalidad nos obliga a todos los ciudadanos de bien, a evitar que aquellos seres humanos sin escrúpulos, sin Dios, ni Patria, sigan corrompiendo y matando para ganar territorio y poder, sin importarles a cuantos destruyen a su paso.

“Aquel que vive del delito, debe saber que sólo existen dos vías: la cárcel y el cementerio”.